Ecuador. Paúl Tapia fue sentenciado por la justicia penal de la provincia del Guayas, Ecuador, por atentar contra la fauna silvestre. Una exhaustiva investigación observió que el hombre operaba una red de tráfico de especies en peligro de extinción, habiendo transportado 150 crías de tortuga desde las Islas Galápagos hasta Perú y China, escondidas en fondeaderos de barcos comerciales.
En el 2017 se llegaron a rescatar a 29 tortugas de ser vendidas en mercados europeos; ello ocurrió en el norte del Perú. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú señaló que las tortugas galapaguinas se encontraron envueltas en cinta adhesiva en el compartimiento de carga de un autobús que pasaba por las carreteras de Piura y Sullana. Llegaron a atrapar a cuatro individuos para que comparecieran ante el tribunal en 2020 tras ser considerados delincuentes ambientales.
Durante el juicio se pudo determinar que Tapia ordenó un criadero en la Isla Isabela del Archipiélago de las Galápagos, y que en septiembre del 2018 se documentaron 123 tortugas perdidas a las autoridades. El guardaparques también señaló a otras dos personas sospechosas que posiblemente estuvieran involucradas en el delito.
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Se confirmó en la investigación que eran los cómplices de Tapia, ya que él les entregaba las tortugas para que las envíen a Guayaquil por vía marítima para vender. También tenían contacto con una persona en China para poder enviar a los animales desde Perú.
Según fuentes del Parque Nacional Galápagos, las especies se traficaban en lanchas guardadas en sacos apilados en la proa, en el lugar donde se guarda el ancla. Así se llegó a comercializar al menos a 150 tortugas de Galápagos de dos tipos: chelonoidis guntheri y chelonoidis vicina, ambas clasificadas en “peligro crítico de extinción” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
El primer caso se dio en el 2017, cuando se encontraron 29 tortugas de camino a Piura, envueltas en cinta adhesiva. Tres de ellas murieron antes de ser repatriadas a la Isla de Baltra en el Archipiélago de las Galápagos. Muchos rumores surgen admitiendo que Piura es una puerta de entrada al comercio de tortuga y que en Lima hay toda una red de comercialización que paga 300 dólares por ejemplar. En el extranjero, se llega a pagar 50 mil dólares o más por estas tortugas.
En la declaración dada a la fiscalía, aparece el nombre de un hombre chino y su intermediario, un pescador galapaguino de Isla de San Cristóbal que coordinaba con otros pescadores para atrapar tortugas. Luego de llevarlas a Guayaquil por mar son enviadas por carretera de Guayaquil a Lima. Luego se embarcaban en el puerto del Callao con rumbo a China.
Debido a falta de pruebas, la Fiscalía no acusó a otras dos personas investigadas que habrían colaborado con otras mencionadas en el proceso. La Fiscalía explicó que faltaban suficientes pruebas para hacer un dictamen y sentencia justos.
Aunque el tribunal absolvió a la banda, si condenó a Tapia, dándole tres años de prisión, y una multa de 4500 dólares, además de una indemnización fijada en USD 669.000,35.
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