La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó informe que recomienda denunciar constitucionalmente a Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por el presunto delito de colusión agravada.
La denuncia presentada por la congresista Rosselli Amuruz, de la bancada Avanza País, fue aprobada con 12 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones en el extremo como posible autor del delito contra la administración pública, en modalidad de colusión agravada.
El documento se sustentaba en la contratación presuntamente irregular de Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE (2000 -2005). Así como la designación “irregular” de Vicente Sánchez Villanueva como accesitario en representación de las facultades de Derecho de las universidades privadas.
Sin embargo, se declaró improcedente en el extremo de la acusación que se refiere al nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo.
Los parlamentarios que votaron a favor fueron los de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, mientras que los legisladores que votaron en contra integran las bancadas de Cambio Democrático-JPP, Podemos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial y Perú Bicentenario.
Los parlamentarios que votaron en abstención fueron Esdras Medina (no agrupado) y Elizabeth Medina (Bloque Magisterial).
Fernando Tuesta responde
El jefe de la ONPE Fernando Tuesta se pronunció ante la acusación contra el magistrado Salas Arenas. A través de una aclaración pública, el politólogo señaló que la denuncia por su contratación se basa en un “erróneo informe de la Contraloría General de la República (CGR),que señala que yo no tenía 3 años de experiencia electoral para ser contratado”. En ese sentido, Tuesta Soldevilla indicó que cuenta con 44 años de experiencia.
“He dedicado casi toda mi vida justamente al tema electoral. Resulta más absurdo aun cuando, en varias ocasiones, mi actividad profesional ha sido de público conocimiento, como haber sido jefe de ONPE durante 4 años”
Asimismo, el politólogo aseguró que hizo llegar la información correspondiente a la Roselli Amuruz, quien utiliza su contratación como consultor, como sustento de la denuncia constitucional contra Salas Arenas. Asimismo, señaló que la Contraloría no permite corregir informe en el que se le menciona.
“De esto tiene conocimiento la congresista que presentó la acusación, a quien hice llegar la documentación respectiva hace varios meses atrás. Pese a que, en reiteradas ocasiones, he solicitado que se corrija la parte del informe en el que se me hace referencia, la CGR se ha negado bajo el argumento que la norma no permite la rectificación de los informes”, indicó.
El informe aprobado será enviado a la Comisión Permanente, donde se evaluará si se aprueba para que el Pleno del Congreso determine si acusa constitucionalmente al presidente del JNE.
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