[OPINIÓN] Richard Arce: “La impunidad de las y los mochasueldos”

La historia de los congresistas ‘mochasueldos’ será una de las páginas negras que mancharán por siempre al Congreso de la República, porque no es una novedad de este periodo parlamentario, pero sí el de mayor sinvergüencería, ya que, sin ningún descaro, una gran cantidad de congresistas se ha dedicado a esta práctica delictiva de extorsionar a sus trabajadores, condicionándolos con su estabilidad laboral para que entreguen parte de sueldo mensualmente a los congresistas, como un cupo que tienen que pagar al mismo estilo de las bandas de extorsionadores que asolan el país, como el Tren de Aragua.

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Hay de las bancadas de derecha y también de izquierda, mostrándonos que no importa el color político o la tendencia ideológica del o la congresista ‘mochasueldo’, si es que de lucrar se trata, aprovechándose del cargo. Inclusive hay una mayor predisposición en las congresistas mujeres que se han hecho tristemente célebres.

Gente sin escrúpulos que amenaza, extorsiona y obliga a humildes trabajadores del servicio parlamentario a que entreguen parte de su sueldo, que en algunos casos llega a más del 50% sin ningún escrúpulo. Si no, basta oír los audios en que extorsiona la sancionada congresista María Cordero Jon Tay, quien, después de tanto escándalo, solo fue suspendida hasta que se pronuncie el Poder Judicial.

Al parecer, la fórmula es sencilla para estos congresistas mequetrefes, cuando se trata de inhabilitar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Ahí sí son diligentes y se unen para irrumpir en un órgano constitucionalmente autónomo y cobrar venganza porque los magistrados cumplen su función y su ley orgánica.

Pero es la otra cara de la moneda cuando se trata de congresistas implicados en el delito de concusión, abuso de autoridad y hasta peculado. Ahí sí prima la impunidad, porque en este Congreso son capaces de blindarlos asquerosamente en el Pleno y, para distorsionar la realidad, construyen su propia narrativa de los hechos, inventando cualquier patraña.

La docena de congresistas denunciados y evidenciados por investigaciones periodísticas tiene el mismo modus operandi; mienten con todo desparpajo, que ellos jamás extorsionarían a sus trabajadores, que las denuncias de sus trabajadores chantajeados son una venganza política, pero la evidencia de las pruebas los condena. Además, ya hay un cúmulo de pruebas, que incluye, por ejemplo, la sanción de Sunafil por medio millón contra el Congreso, porque el congresista Edgar Tello despidió a una trabajadora embarazada y sigue campante en el Congreso, como todos los ‘mochasueldos’.

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