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Mientras la criminalidad transnacional avanza vertiginosamente en nuestro país, y en otros países de la región, preocupa el marasmo crónico que evidencian los políticos peruanos, quienes se niegan a crear condiciones jurídicas y políticas para conjurar el fenómeno. Por otro lado, un vasto sector de la población, presa del temor, no atina ni siquiera a organizarse para tomar medidas de seguridad y así reducir las posibilidades de ser víctimas del crimen. Si el crimen es un problema, la inacción también lo es.

Pero este avance debe ser debidamente entendido como un “proceso” en que las formas criminales están en pleno desarrollo y tienen tres objetivos. El primero es el “control” económico, es decir, tomar posesión de todas las actividades comerciales que generen dinero circulante (paraderos, mototaxis, bodegas, pequeños comerciantes, préstamos o ‘gota a gota’) que constituyen casi un 70% de la PEA peruana, es decir, el sector informal.

En este campo también están la minería ilegal que aporta dinero y oro macizo o en “barra” que pueden obtener para su posterior ilegal comercialización. Sin recursos económicos no hay logística para armas, vehículos o teléfonos de alta gama, fiestas, diversión, alcohol y drogas, infaltables en los grupos al margen de la Ley.

El segundo objetivo es el “control” criminal, que está referido a ir tomando el control de las “plazas” (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, cobro de cupos y otros),que en un principio será de manera parcial por cada organización criminal, pero que van camino a una “guerra” entre bandas para tomar el control de todas esas formas. La violencia que se desatará en esta confrontación por el control de las “plazas”, dejaría muchas víctimas inocentes.

Por último, el “control” político. Una muestra de este tercer objetivo es el asesinato de la joven alcaldesa de San Vicente en Manabí-Ecuador que se suma al del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, y otras autoridades ultimadas en México, entre ellos alcaldes, periodistas y policías. La razón de este objetivo es doblegar a las autoridades para que acepten el sometimiento al crimen que ellos manejan. Esto significa, que las muertes son por negarse a la ignominiosa manipulación o para dar espacio a sus candidatos o funcionarios afines de las organizaciones criminales.

Sugerimos a las autoridades políticas y policiales que una parte de la estrategia anticriminal sea desalentar la permanencia de los criminales en nuestro país con acciones policiales sostenidas y eficaces.

A los políticos y a los ciudadanos nos queda poco tiempo para tomar el control verdadero de nuestro país. Hacemos un llamado al Gobierno para que forme un ‘Gabinete de salvación’ con una estrategia integral y terminen los ‘juegos’ y cálculos políticos en beneficio del país. ¡Sí se puede!