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Llevo décadas intentando comprender el derecho por temas de trabajo. Ya he comentado que me parece un pésimo término para denominar algo más enredado que un guaipe. La RAE define derecho como: recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro; o como justo, legítimo; y de ambas acepciones se deriva su uso para describir todo el sistema legal y su aplicación. Eso resultaría más o menos derecho si se busca el bien común y la predictibilidad, pero se rebaja a calidad de guaipe si cada uno ve cómo estira la regla según su conveniencia.

El TC acaba de reavivar la suspensión de dos miembros de la JNJ que habían sido repuestos por una medida cautelar del Poder Judicial. Uno de los magistrados que votó a favor en entrevista con Fernando Vivas sostuvo que la decisión se basa en que solo se puede saber si se han afectado derechos fundamentales una vez que el Poder Judicial se pronuncie definitivamente, y que los actos del Congreso tienen una presunción de constitucionalidad.

Por lógica pura, eso implica que cada persona que efectivamente sufra una afectación de un derecho fundamental tendrá que tolerar dicha violación hasta el fin del proceso judicial. No sabemos con exactitud cuánto tiempo es eso, pero sí que es un montón. El Poder Judicial publica estadísticas anuales, pero en las casi dos mil páginas que tiene el informe del año pasado, no he encontrado la duración promedio por etapas. En los casos más mediáticos de corrupción hemos visto que la Fiscalía se pasa años sin formalizar acusaciones. Dada esa realidad, lo recto, justo y legítimo, para todos los casos, de un bando u otro, sería que, si hay un riesgo de violación por el Congreso de un derecho fundamental de una persona, se suspendiera temporalmente y se acelerara el proceso para definir el fondo del asunto. Hasta donde me habían explicado, el sentido fundamental de una medida cautelar es que no se puede esperar hasta el final del juicio.

¿Es probable que el Congreso viole derechos fundamentales en sus decisiones políticas? Veamos la evidencia. ¿Violó el derecho a la educación, tumbándose la reforma universitaria y afectando la carrera docente? ¿El derecho a un medioambiente saludable, a la seguridad, al permitir que mineros con registro vencido en Reinfo tengan en su poder explosivos sin que la PNP pueda actuar?  Las muertes en Pataz fueron por uso ilegal de explosivos.

Podría argumentarse que esas leyes no son casos personales: ¿se violó o no derechos fundamentales de la presunta víctima de violación por un congresista al considerar que aplicaba la inmunidad, cuando esta solo protege el ejercicio de la función?

Se acusó constitucionalmente al exministro de Educación Daniel Alfaro, porque un libro contenía una referencia a una web con contenido sexual. ¿Un ministro es responsable de revisar cada página de cada material de cada curso de cada año escolar? ¿Cómo tendría tiempo para nada más? El Congreso actuó por venganza política, sin pensar en el precedente que establecía, que perjudicará a futuros gobiernos. Ahora la Procuraduría ha pedido reparación civil de 207 mil soles. ¿En serio? ¿Quién va a querer ser ministro con esas arbitrariedades?

Y ya hay una pulsera de arbitrariedades: la remoción de Carlos Oliva del Consejo Fiscal; Rudecindo Vega del Conafovicer; Daniel Soria de la Procuraduría General y Harvey Colchado del EFICCOP. Si la gente está harta, con toda razón, de la política, y seguimos en este plan, estamos construyendo la camita para una candidatura antisistema. ¿Cómo no va a aumentar el riesgo país? Ni el Gobierno ni el Congreso van a resolver esto, hay que buscar tercamente opciones desde la sociedad civil para hacer control de daños. Frente a las olas que dan miedo, solo se puede escoger entre pensar cómo superarlas o dejar que te destrocen.

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