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España tiene un sistema parlamentario y, por eso, a pesar de que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez quedó en segundo lugar en las elecciones de julio con 14 escaños menos que el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, son los socialistas quienes gobernarán al país durante los próximos años.

Feijóo, como victorioso, tuvo la primera oportunidad de formar gobierno, pero no pudo sumar una mayoría parlamentaria, por lo cual le tocó el turno a Sánchez y este firmó pactos con una variopinta coalición de partidos pequeños, con lo cual logró que PSOE sobrepase los 136 escaños requeridos para la reelección.

El hábil y maquiavélico Sánchez forjó una alianza con dos incómodos socios políticos: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts Per Catalunya (JPC),que se unieron a la coalición del PSOE a cambio de un acuerdo de amnistía que se basa en la pronta elaboración de una ley que libere de sentencias y cargos de sedición a miembros involucrados en el fallido intento de independencia de Cataluña en 2017. El principal beneficiado de este pacto será el expresidente del Parlamento catalán, Carles Puigdemont, líder de JPC, quien se exilió en Bruselas y, a pesar de ser un prófugo de la justicia, participó en el acuerdo que le permitió a Sánchez la reelección.

Varios aspectos preocupan, entre ellos, el intento de que un acuerdo político trate de anular sentencias dictadas por un poder independiente como el judicial, la ambigüedad como se define lo ocurrido en 2017 y el logro de Puigdemont de que en el acuerdo se señale que JPC intentará la realización de un nuevo referéndum de independencia de Cataluña.

Españoles que votaron por los socialistas y simpatizantes de la derecha política rechazan este acuerdo y estiman que la falta de coherencia y de integridad de Sánchez, quien antes de las elecciones estaba en contra de una amnistía, signifique el fin de la integridad de España como nación, al fomentarse el separatismo y el autoritarismo.

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