De los ‘mochasueldos’ se viene hablando desde hace tiempo, desde anteriores congresos hasta el actual, en donde la recurrencia de estas prácticas ilegales e inmorales de recortar el sueldo de los trabajadores se ha vuelto una práctica habitual.
“Una costumbre que no era correcta, pero costumbre al fin y al cabo” en el Parlamento, según alegó, muy fresca, la hasta ahora única representante sancionada por ese delito, María Cordero. ¿Qué estaba diciendo con esto? Claramente, que ella no era la única que lo hacía y que tal práctica viene de muchos años atrás, como también llegó a afirmar al momento de defenderse.
De hecho, en lo que va de este Congreso son ya 12 los representantes que han sido denunciados por sus propios trabajadores o asesores, aunque a excepción de la antes mencionada, gracias a escandalosos blindajes de sus colegas, salieron indemnes de las acusaciones.
En la encuesta publicada por Perú21 hace unos días, Ipsos ha medido por primera vez en estos últimos tiempos la responsabilidad sobre estas conductas. Y encontró que el 70% de los encuestados atribuye a los partidos políticos la principal responsabilidad de los ‘mochasueldos’.
Es decir, a la población no se le escapa quiénes son los culpables de fondo en semejantes latrocinios: los partidos políticos que llevaron a estos zamarros al Congreso. Primero, por admitirlos en sus filas, y luego por incluirlos en sus listas de postulantes al Legislativo.
Hasta el momento la galería de la infamia congresal –remitiéndonos exclusivamente a esta modalidad delictiva– incluye a conspicuos miembros de Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos Perú. Y todos ellos, los 11 ‘mochasueldos’ que la libraron, continúan ahí sentaditos en sus curules y muy ligados a sus bancadas.
Como señalan los expertos, algún tipo de reforma tiene que hacerse para que los partidos pongan filtros adecuados al momento de armar sus listas o expulsarlos de inmediato cuando estos episodios salen a la luz. De lo contrario, aparecerán siempre como cómplices de estos delitos, que es lo que viene ocurriendo.
En la misma encuesta de Ipsos, cerca de un 90% de ciudadanos se mostró de acuerdo con que se procesara judicialmente a la ‘mochasueldos’ suspendida.
Los partidos involucrados deberían interpretar esa cuasi unanimidad de peruanos pidiendo sanciones efectivas –no meros pañuelazos parlamentarios– como una repulsa a estas prácticas y a los partidos que las consienten o apañan.