Por Asociación de Contribuyentes
El Gobierno peruano, desde Sunat y el Ministerio de Economía de Finanzas, amenazó con cobrar más impuestos y “acelerar” la recaudación. Esto ha causado mucha preocupación en el sector privado, especialmente en el que aún tiene dificultades diversas para crecer en un contexto difícil a nivel económico, social y político.
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Pagar impuestos es un deber difícil de cumplir, pero necesario para que el Estado pueda cumplir con su rol de brindar servicios básicos. Sin embargo, ¿tiene sentido que el Gobierno peruano “aprete” más a los formales cuando 8 de cada 10peruanos no forma parte del sistema formal tributario o laboral?
Según el Índice de Barreras a la Libertad Económica Iberoamérica 2023, auspiciado por Adam Smith Center of Economic Freedom y elaborado para el caso peruano por la Asociación de Contribuyentes del Perú, una empresa peruana dedica en promedio 2,316 horas al año a cumplir con trámites estatales, equivalente a más de tres meses completos de trabajo por persona.
Por otro lado, un análisis del Instituto Peruano de Economía revela que una cuarta parte de las leyes aprobadas por el Congreso entre 2020 y 2024 fueron por insistencia, representan un gasto adicional para el Estado y afectan el equilibrio fiscal, contribuyendo a la complejidad del entorno empresarial y económico.
En el ámbito laboral, las últimas propuestas normativas han generado preocupaciones adicionales. Por ejemplo, el Proyecto de Ley N.° 1934/2021-CR busca extender la licencia laboral por adopción, “dádiva” que se suma a la enorme cantidad de licencias, permisos, feriados que ya debe cubrir como costo el empresario formal.
Asimismo, el Proyecto de Ley N.° 6554/2023-CR propone establecer una cuota mínima de contratación para mujeres en el sector de la construcción civil, lo que podría limitar la libertad de contratación de las empresas sin solucionar el problema de la equidad de oportunidades laborales para hombres y mujeres.
Por otro lado, el papel de entidades como SUNAFIL en la fiscalización del cumplimiento de normativas laborales también ha generado preocupaciones en el sector empresarial. Las multas impuestas por Sunafil, que pueden ascender hasta los S/ 400,000 en casos graves, tienen un efecto perjudicial en la estabilidad financiera de las empresas, especialmente para los pequeños emprendedores. Además, la falta de adecuación de las multas al tamaño de las empresas dificulta aún más la situación para estos negocios.
¿Cómo puede el Gobierno elevar la carga tributaria si toda la carga de trámites, leyes, normas y fiscalizaciones es de por sí sumamente pesada para el empresario?
Es necesario implementar reformas radicales que reduzcan la burocracia y simplifiquen los procesos administrativos en el país para promover un ambiente laboral más flexible y competitivo, en línea con los principios de la economía de mercado y la libre empresa. Esto incluye medidas como la digitalización de trámites, la eliminación de trámites notariales, de regulaciones obsoletas y la simplificación de los procedimientos de apertura y funcionamiento de empresas.
Además, es fundamental promover la transparencia y la eficiencia en la administración pública, así como fortalecer las instituciones encargadas de supervisar y hacer cumplir las regulaciones. Esto ayudará a crear un entorno empresarial más favorable y atractivo para la inversión y el emprendimiento.
Solo después de todas estas reformas, se puede pensar en ampliar la base tributaria, en vez de aumentar la presión sobre un pequeño sector formal peruano que hoy paga la cuenta de un Estado que todos los años crece, gasta más en planilla, más en sueldos, más en consultorías, pero no en inversión pública ni en el cierre de brechas sociales. Los contribuyentes tenemos que alzar nuestra voz frente a este autoritarismo tributario en camino.
DATO:
·400,000 soles puede costar una multa de Sunafil.
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