En los últimos años, el creciente comercio informal de licores en el Perú (que abarca la adulteración, el contrabando y el alcohol artesanal que evade impuestos) ha suscitado preocupación en la industria, no solo por el impacto económico y social, sino sobre todo por las trágicas consecuencias que genera, principalmente, el consumo de alcohol adulterado.
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Recordemos que hace casi un año, se activaron las alertas del Ministerio de Salud ante el incremento de casos de intoxicación por metanol, luego de presentarse más de un centenar de estos casos y más de 50 personas fallecidas, solo entre el 28 de agosto al 13 de octubre del 2022, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).
Para el Gremio de Importadores y Comerciantes de vinos, licores y otras bebidas de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) la falta de regulación en la producción y distribución de licores ha abierto la puerta a prácticas ilegales y, por ende, a la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas por parte de personas inescrupulosas.
Este revela que, del consumo total de alcohol informal (que asciende al 26%) el 56% es adulterado, según un último estudio de Apoyo Consultoría, lo cual evidencia el alto riesgo en la salud de potenciales consumidores, especialmente de los más jóvenes que ante su menor poder adquisitivo suelen ser las principales víctimas de este flagelo.
La precariedad económica, además, ha llevado a ciertas personas a involucrarse en el comercio informal, ya que ven en esta actividad ilegal una fuente de ingresos, un claro ejemplo de ello se ve reflejado en los alcoholes artesanales que operan al margen de la ley, asegura Rodrigo Díaz, presidente del citado gremio.
“Esta situación es, sin duda, un problema de salud pública, por tanto, es prioritario que tanto el sector público como el privado tengan un solo enfoque y trabajen de manera articulada en la lucha contra el comercio ilegal de bebidas alcohólicas y también en la sensibilización de la población sobre los riesgos que este conlleva. El objetivo es que todos, autoridades, instituciones, empresas y la sociedad civil, podamos remar juntos en pro de un país más seguro y saludable”, enfatiza.
En esta línea, señala que, desde el Gremio de Importadores y Comerciantes de vinos, licores y otras bebidas de la CCL han dado el primer paso al establecer, de la mano de la Embajada Británica, una mesa de trabajo para delimitar un plan y tomar acción.
Díaz, considera que, al fortalecer la regulación, se puede también fomentar la educación y promover oportunidades formales, a fin de construir un futuro en el que todos los peruanos disfruten de productos seguros, de un entorno con menor inseguridad ciudadana y una economía sólida con una adecuada infraestructura de servicios públicos.
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