Alicia G. es una asegurada de Essalud que ha esperado semanas para que a su esposo, de 94 años, le den una cita de odontología en el policlínico San Luis. Llena de impotencia y frustración, relata que, Rodolfo A.A. —quien ya ha sufrido de infecciones en la dentadura— debe esperar hasta el 5 de junio para que le retiren una muela y así evitar futuras complicaciones. “Su dentadura estaba malograda, había una infección, y mal olor. Venir aquí es todo un desafío”, indica.
Hasta octubre del año pasado, la pareja de ancianos se atendía en el Policlínico San Luis —que se ubicaba en el distrito del mismo nombre— uno de los 16 inmuebles alquilados por la Red Prestacional Almenara con contratos vencidos.
En noviembre, Almenara tuvo que abandonar la propiedad, y reubicarse en La Victoria con el mismo nombre que usaba en el distrito anterior. El establecimiento ya funciona hace cinco meses en su nuevo local. Alicia y Rodolfo ahora tienen que recorrer más distancia para lograr una atención que demora.
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Essalud explicó a este diario que ya habían cumplido con el pago requerido en la demanda de desalojo, y que están a la espera del archivamiento del caso. Pero esta es solo una de las cuatro disputas judiciales que enfrentan las redes prestacionales y asistenciales del Seguro Social. “Los contratos mantienen su vigencia bajo responsabilidad de cada Red Prestacional en el marco de su autonomía administrativa, presupuestal y financiera”, precisó la entidad.
A la fecha, de los 326 inmuebles alquilados —donde funcionan centros de adulto mayor, centros de atención primaria, policlínicos, hospitales, y oficinas de seguro—hay 222 inmuebles con contratos vencidos.
ANOMALÍA NORMALIZADA
Los propietarios tienen que esperar meses para que Essalud les pague lo que les corresponde por ley. La esposa del dueño del inmueble donde funciona el Centro de Adulto Mayor (CAM) San Borja, Francisca Roca, señaló que la entidad estatal tiene un retraso de cinco meses en el pago de alquiler. “Estoy incómoda de cierta manera, pero ellos siempre pagan así. Pagan todo de un porrazo, en Fiestas Patrias o Navidad”, reveló Francisca.
Roca recibe alrededor de S/9 mil por el inmueble de 200 m2 ubicado a la altura de la cuadra 32 de la avenida Aviación. Es decir, la deuda que la institución mantiene con Francisca y su esposo supera los S/45 mil.
De acuerdo a la información brindada por Essalud, desde 2020 a 2023, la mencionada entidad mantiene una deuda con los arrendadores que bordea los S/493 mil. El ranking de las más deudoras lo lideran las Redes Prestacionales de Almenara y de Sabogal, seguida por las Redes Asistenciales de La Libertad, Arequipa y Junín.
En respuesta a Perú21, Essalud señaló que el vencimiento de los contratos “no implica la culminación de las obligaciones contractuales”, ya que las redes prestacionales suscriben adendas que permiten la continuidad del alquiler.
Sin embargo, el socio fundador de Robles Ibazeta Consultores, Daniel Robles, afirmó que las adendas solo pueden ser firmadas antes del vencimiento de un contrato. En ese sentido, el abogado sostuvo que el vencimiento de un contrato sí podría implicar el desalojo de una propiedad. “Un inquilino pasa a ser un ocupante precario si su contrato ya venció y aun así continúa en uso de ese bien. Entonces, se extiende un derecho de posesión. Pero igual para desalojarlo, tiene que haber un proceso judicial”, aseveró Robles.
Lo más alarmante de esta situación es que los asegurados no tienen idea de que podrían ser desalojados en cualquier momento. Consultada sobre este riesgo, una de las afiliadas al CAM Rímac respondió con escepticismo no creer en esa posibilidad. No obstante, confesó que el establecimiento, que en ese entonces se encontraba en el excine Diana, en la avenida Los Próceres, fue reubicado en 2020 por problemas con el alquiler.