Justo cuando es investigado por la Fiscalía por el caso ‘Los Niños’ junto a otros integrantes de su bancada, de la que nadie parece tampoco salvarse de denuncias e indagaciones fiscales, el congresista de Acción Popular Wilson Soto, sin la menor vergüenza, ha presentado un proyecto que plantea restablecer la inmunidad parlamentaria, ese beneficio que –oh, casualidad— los protege ante un eventual proceso penal en su contra.
Esta prerrogativa había sido eliminada hace poco más de tres años en el anterior quinquenio congresal tras aprobarse en segunda votación por amplia mayoría.
La propuesta con nombre propio de Soto plantea una modificación al artículo 93 de la Constitución, y pretende establecer que los parlamentarios, durante el ejercicio de su función, no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente. Un proyecto que podría beneficiarlo a él y a sus compañeros de bancada que, con su firma, apoyaron esta iniciativa y que esta mañana se debatirá en la Comisión de Constitución y Reglamento.
Pero la bancada de la lampa no solo busca protegerse ante eventuales juicios. Un proyecto presentado por Darwin Espinoza intenta eliminar el impedimento para que sus familiares y los de los funcionarios y autoridades en general —hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad—, incluida la presidenta de la República y los ministros, puedan contratar con el Estado un año después de dejar sus cargos.
Para Espinoza, este impedimento “vulnera los derechos constitucionales de libre contratación y presunción de inocencia”.
Para el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, las dos iniciativas acciopopulistas son un despropósito y no deberían prosperar.
“Restablecer la inmunidad legislativa es dar marcha atrás al avance que se logró al eliminar esta prerrogativa. Esa bancada ya preveía sus nuevos delitos y los que ya estaban cometiendo. Su propuesta no tiene técnica legislativa, es una barbaridad, al igual que el otro proyecto. Los que integran la actual bancada son, según la Real Academia, unos okupas, son invasores precarios de esta bancada, pues los legítimos han renunciado. Todo lo que venga de ellos es porque están buscando un beneficio personal”, dijo el experto a Perú21.