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El gobierno de la presidenta Dina Boluarte publicó el Decreto Supremo Nº 052-2024-EF en el diario oficial El Peruano, en el que se dispuso medidas de “austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos de personal” para las empresas públicas. Estas medidas son complementarias a las ya establecidas en el Decreto Supremo N° 288-2023-EF de diciembre de 2023.

Durante su presentación en el Parlamento en busca de la confianza, el presidente del Consejo de Ministros anunció que “no habrá ninguna farra” en la administración pública. Dos semanas después, el Ejecutivo ajustó los cinturones a las compañías estatales.

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De acuerdo a la norma publicada, las medidas establecidas serán aplicables a las empresas comprendidas dentro del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y al Seguro Social de Salud (EsSalud).

Actualmente, 35 empresas públicas se encuentran dentro del FONAFE, de las cuales 11 corresponden a distribución eléctrica, cinco empresas generadoras, cuatro empresas financieras, seis de infraestructura no eléctrica, una empresa de hidrocarburos y ocho empresas de actividades diversas.

El decreto establece que “la ejecución de los gastos referidos a eventos, celebraciones y de representación debe restringirse a atender situaciones indispensables que correspondan estricta y exclusivamente al objeto social de la Empresa”.

Asimismo, también establece que “la ejecución de los gastos por el ejercicio de la función de miembros de Directorio de las empresas bajo el ámbito del FONAFE no incluye la participación en eventos para el fortalecimiento de competencias y capacidades de ninguna naturaleza”.

Por último, el decreto ordena que “el pago de gastos con cargo a la Caja Chica se sujeta a la normatividad y procedimientos regulados por la Dirección General del Tesoro Público, en su condición de órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería”.

El decreto cuenta con la firma de la presidenta de la República y el ministro de Economía, José Arista. Asimismo, las medidas tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024.

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