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La última semana el expresidente Martín Vizcarra ha estado en las páginas mediáticas vinculado a detenciones, investigaciones fiscales y a denuncias congresales. Justamente, ayer el legislador fujimorista Héctor Ventura presentó una denuncia constitucional en su contra, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

El recurso, que será evaluado por ese grupo antes de pasar a la Comisión Permanente y, finalmente, al Pleno del Parlamento, podría devenir en el levantamiento de la inmunidad que goza Vizcarra y por la cual el Ministerio Público, que lo investiga por graves delitos de corrupción en los casos “Los Intocables de la Corrupción” y Obrainsa, está atado a hacer pedidos restrictivos en su contra, en un contexto en el que el Poder Judicial, a pedido del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop),detuvo preliminarmente el 30 de enero a cuatro exfuncionarios de Provías Descentralizado, entidad del Ministerio de Transportes (MTC).

La abogada penalista Romy Chang nos explica cuáles son las implicancias de la denuncia de Ventura en el Congreso y sus repercusiones a nivel fiscal.

¿Cuáles son los alcances de esta denuncia congresal?

Todos los funcionarios públicos de alto nivel, como es el caso de un expresidente de la República o un exministro de Transportes, tienen un manto protector que se llama “inmunidad”. Para que la Fiscalía pueda continuar un proceso penal contra estas personas, necesita la autorización del Congreso. Por eso, el congresista está presentando esta denuncia para que sea evaluada por la Subcomisión y luego debatida por el Pleno, para ver si le levanta o no al señor Vizcarra este manto protector.

¿Qué opina de los elementos que viene reuniendo la Fiscalía contra Vizcarra en el caso “Los Intocables de la Corrupción” y que son recogidos en la denuncia congresal?

La imputación es bastante grave porque se ha difundido en medios periodísticos toda una metodología, en maletinos deportivos, tubos de planos para camuflar el dinero porque, lógico, las coimas, que es dinero ilícito, tiene que ser dadas en efectivo y, de alguna manera, siempre dejan huella. En el caso del señor Vizcarra, han dado incluso información precisa de montos de dinero que se habrían depositado en cuentas. Entonces, yo creo que el Ministerio Público va a tener que seguir la ruta del dinero.

¿En qué plazos podría haber una resolución de la denuncia presentada por Ventura?

Va a depender mucho de la prioridad que le quieran dar a esa denuncia. Hemos visto casos donde el tema ha salido en un día, pero hay otros casos donde la cosa ha dormido meses o, incluso, años. Entonces creo que vamos a evaluar y medir el termómetro político para ver cuánta celeridad le quieren dar a esta denuncia y a todo lo que se ha hecho de público conocimiento. Yo espero que se le dé la prioridad correspondiente, porque acá hablamos no solo del señor Vizcarra sino de un aparato de poder que habría operado en el MTC a nivel de diferentes entidades públicas y que puede tener todavía gente en estas instituciones, y eso hay que depurarlo.

¿Y a nivel fiscal?

Por las detenciones que se han dado y los plazos que van a ir corriendo, espero que antes de la mitad de año ya el Ministerio Público tenga una opinión.

En los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital de Moquegua” se decidió el archivo de los delitos de asociación ilícita y usurpación de funciones. Solo queda el de colusión agravada. ¿Qué opina de esta decisión, que deja un sinsabor por los testimonios que se han difundido?

Es un tema más técnico. La usurpación de funciones significa: ‘yo no tengo la capacidad de realizar acciones públicas, pero me he tomado las atribuciones’, pero en el caso del señor Vizcarra eso sería hasta contraproducente con la imputación del delito de colusión porque claramente sí estaba dentro de sus funciones. Entonces la estrategia de la Fiscalía ha pasado por ordenar su teoría y sincerarla. Se han quedado con el delito de colusión, que es bastante grave, tiene una pena de 15 años de cárcel, y además no debería de permitir ningún tipo de reducción de la sanción ni grillete electrónico porque ese delito de corrupción es contra el patrimonio del Estado. Y, por otro lado, han dejado de lado la asociación porque, incluso, ese delito a la fecha ya no existe; hoy se llama organización criminal. Entiendo el sinsabor que se genera, sobre todo, por la demora en el tiempo. Tantos años han pasado que ya el tipo penal de asociación ilícita no está vigente. Es increíble. Justicia que llega tarde no es justicia.

¿Archivar esos dos delitos reduce la pena?

Sí, porque en el Perú las penas se suman. Si al señor Vizcarra le hubieran sumado las penas de los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación de funciones, podría haber llegado a los 25 o 30 años de cárcel. Con un solo delito, solo podría llegar a 15 años. Entonces, sí hay una afectación. Aquí hay un llamado de atención al Ministerio Público porque es muy importante la calificación de los hechos, no se trata de imputar todos los delitos y luego retroceder.

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