Tras el nuevo ataque que sufrió Poderosa (La Libertad) por parte de mineros ilegales, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) demandó la “urgente acción” del Estado para frenar este flagelo.
“En el país se viene sufriendo atentados contra la vida y la salud de las personas, y ataques sistemáticos a la infraestructura, invasiones de terrenos y propiedad privada. Estos actos criminales en escalada a manos de los mineros ilegales buscan desestabilizar la economía formal del país”, precisó el gremio.
El 8 de mayo Poderosa sufrió un nuevo atentado. Esta vez, la línea de transmisión LT 6050 de 60 kV. En este acto terrorista volaron la torre 55 que conecta el Sistema Eléctrico Nacional (SEIN) con la mina. No es la primera vez que la empresa ha sido violentada, lo que ha generado que a la fecha ya se pierdan 17 vidas de trabajadores.
Por ese motivo, la SNMPE pidió que se implementen mecanismos rigurosos para el control en la adquisición, venta, transporte y uso de explosivos químicos. Asimismo, resaltó la importancia del fortalecimiento de la fiscalización a las plantas de beneficio, de manera que se pueda identificar a aquellas que reciben y tratan minerales ilegalmente extraídos.
Esta misma postura la adoptó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP),el cual consideró “imperativo” que se implementen medidas efectivas para el uso de dinamita en áreas de alto riesgo.
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Además, y tomando en cuenta que Pataz se encuentra en zona declarada en emergencia, el IIMP señaló que, esta medida no ha sido suficiente para garantizar el Estado de derecho y la “seguridad de las personas y empresas” ubicadas en el lugar.
“Abogamos por la promoción de un mecanismo transparente, predecible y efectivo para la formalización de la minería artesanal. Asimismo, exigimos acciones firmes y permanentes por parte de las autoridades de todo nivel de gobierno para investigar y detener la actividad criminal en todo el país”, agregó.
MARCO JURÍDICO
En tanto, desde la Asociación de Exportadores (ADEX) manifestaron que es “imperativo hacer los cambios necesarios en la Constitución” para garantizar un marco jurídico sólido que respalde el accionar de las Fuerzas Armadas y los diferentes estamentos de la justicia con la finalidad de detener la ola de violencia.
Para el gremio es necesario impulsar la inversión privada para traer más desarrollo descentralizado y seguridad, y mejorar el acceso a la educación y salud.
En ese sentido, ADEX exigió a las autoridades “enfrentar los problemas estructurales que por años nos mantienen en una situación de precariedad”, pues solo así “se romperá este círculo vicioso que condena a la pobreza a los más vulnerables.
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