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La Comisión de Economía del Congreso aprobó el miércoles suspender el tope a las tasas de interés por un periodo de cinco años. La medida, que debería ser ratificada en el Pleno, favorecerá a miles de personas y mypes empujadas al bajo mundo de los préstamos callejeros ilegales conocidos como ‘gota a gota’.

Una modalidad criminal que, como sabemos, se ha traducido casi en todos los casos en extorsiones con corolarios de amenazas, golpizas, asesinatos y atentados explosivos contra la propiedad.

Como se recordará, la así llamada ‘ley de la usura’ es una norma abiertamente intervencionista que distorsiona, en efecto, las fuerzas que movilizan al mercado. Algo que los especialistas consideraban contraproducente y que los propios antecedentes históricos de medidas similares desaconsejaban. El propio BCR, entidad encargada de hacer respetar la disposición, se manifestó en contra, más de una vez.

El argumento de una supuesta “defensa del consumidor” aireado por los congresistas de izquierda que votaron por mantener los topes, es totalmente absurdo. Si se esforzaran en salir de sus cómodas curules y viajes pagados para darse un par de vueltas por la realidad, como decía el poeta, se estrellarían con el drama que viven cientos de miles de peruanos embarcados (embaucados) en este circuito informal de créditos leoninos.

Así, los más perjudicados fueron justamente esos consumidores –quizás ya en situación desesperada ante la crisis económica y sin oportunidad de acceder a los créditos del sistema bancario– a quienes dicen defender los promotores de los topes y el intervencionismo estatal en la economía. Las barreras que las instituciones financieras se vieron obligadas a levantar a quienes buscaban préstamos, alejó del sistema a los ciudadanos más necesitados.

Más que una suspensión temporal, la ley debería ser derogada directamente en el Pleno. El daño que ha causado es enorme y no caben ya monsergas ideológicas que sustenten sus peregrinas bondades. No olvidemos que el mercado se basta a sí mismo para regularse y entes rectores como la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva velan por la salud del sistema.

Los crímenes que han prosperado alrededor de los ‘gota a gota’ son el testimonio vivo –con perdón de la palabra– de las nefastas consecuencias de interferir con las dinámicas del mercado, que se rige por la correlación entre la oferta y la demanda.