El partido Alianza para el Progreso (APP) no tomará medidas concretas respecto de la congresista ‘mochasueldos’ Magaly Ruiz, quien ha sido denunciada constitucionalmente por la Fiscalía de la Nación por el recorte de sueldos a dos trabajadores de su despacho.
El presidente de la agrupación política, César Acuña, sostuvo que solo se le solicitará a la parlamentaria que pida licencia al partido. Desde la bancada, en tanto, no ha habido pronunciamiento alguno.
“Ahora que estoy como presidente del partido, tengo autoridad para pedirle que pida licencia y cualquier congresista, lo ético, hasta que se aclare su situación legal porque eso significa cuidar al partido que la llevó a ser congresista (sic)”, manifestó.
Esta declaración se suma a la que dio hace un año cuando se destapó el escándalo de la congresista ‘mochasueldos’, oportunidad en la que él también gobernador regional de La Libertad manifestó que expulsaría de sus filas a Magaly Ruiz si se comprobaban las graves acusaciones en su contra.
En esa oportunidad, el caso llegó a la Comisión de Ética, donde fue precisamente una representante de Alianza para el Progreso, Nelcy Heidinger, quien planteó que se cambie la propuesta de la Secretaría Técnica para sancionar a Ruiz con 120 días sin goce de haber por una amonestación escrita y 30 días multa. Al final, sus colegas respaldaron este planteamiento.
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Entre tanto, el líder de APP desvirtuó que esta vez que haya blindaje. “Blindaje cero, aquí no hay blindaje, aquí no estamos empeñados con nadie y si corresponde una sanción a los corruptos, en buena hora”, comentó.
A renglón seguido, pidió a la Fiscalía de la Nación y al Poder Judicial que actúen “con celeridad y lo más rápido posible en este caso porque —refirió— no se puede mancillar los nombres de las personas”.
Magaly Ruiz, como se sabe, ha sido denunciada esta semana por la Fiscalía de la Nación por el recorte de sueldos a sus trabajadores. El tema tendrá que ser visto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que determinará si procede o no iniciar indagaciones en su contra. Con esa decisión se activará todo el mecanismo habitual para el tratamiento de una denuncia constitucional en el Parlamento, el mismo que se prolongaría como mínimo tres meses.
La legisladora, por su parte, no se ha pronunciado hasta el momento sobre el caso, pero sí ha continuado publicando en redes sociales sus actividades en el marco de la Semana de Representación.
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