A dos días de la citación de Boluarte expertos analizan responsabilidades en muertes durante protestas

Ya aseguró que este martes estará en la Fiscalía, que no hará uso de ningún derecho al silencio y que responderá a cada una de las preguntas que le hagan los representantes del Ministerio Público. También ha enfatizado que es ella la primera interesada en que este tema se resuelva.

Desde las nueve de la mañana de este 6 de junio, la presidenta Dina Boluarte deberá rendir su manifestación sobre las muertes que dejaron las protestas contra su gobierno, sobre todo en Puno y Ayacucho, registradas tras la salida del poder de Pedro Castillo.

La mandataria y algunos de sus ministros, entre estos, el premier Alberto Otárola, son investigados de manera preliminar por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Los interrogatorios permitirán deslindar o identificar responsabilidades sobre estas muertes.

¿Hay responsabilidad de Boluarte?, ¿de sus ministros?, ¿o de los policías y militares que debían frenar el vandalismo?, ¿qué otras opciones tenían las fuerzas del orden para recuperar el control? y ¿cuál es el nivel de responsabilidad de los que azuzaron la violencia y expusieron a los ciudadanos a la muerte?

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Perú21 habló con tres expertos que analizan lo sucedido: la abogada penalista Romy Chang, el exministro del Interior Carlos Basombrío y el psicólogo social Jorge Yamamoto, y los tres coinciden en la necesaria individualización de las responsabilidades en el caso de la actuación de los policías y militares en las zonas de conflicto.

“El derecho penal requiere siempre una individualización. No es posible procesar a todos los policías y militares que acudieron a las zonas de protestas. Se debe identificar a quienes se encontraban a cargo y si desde los altos niveles se dio alguna orden indebida, ilegal, que implicase la vulneración de los derechos de las personas”, explicó Chang.

Para la penalista, la Fiscalía deberá establecer a partir de los interrogatorios qué otras alternativas pudieron tener militares y policías frente a una turba violenta que se les venía encima. “Ellos son personas y obviamente hay situaciones en las que su vida está en riesgo y en las que tienen que ejercer la violencia y justamente están legitimados para eso”, indicó.

“La Fiscalía va a conocer con las declaraciones cuáles fueron las instrucciones que dieron los altos funcionarios, qué tanto conocían de los posibles excesos que se venían realizando y si consintieron la violencia. Hay que recordar que también es responsable quien se entera de lo que pasa y no hace nada teniendo la obligación de hacerlo. Eso es delito de omisión y, en el caso de un presidente o de un ministro, no es admisible considerando que tienen el deber de cuidar y velar por el bienestar ciudadano”, explica sobre la presunta responsabilidad de los más altos niveles.

“La responsabilidad penal es individual. Otra cosa es la responsabilidad política, el que se asume por las órdenes que se dan o dejan de dar. Ese es otro nivel de responsabilidad”, apunta Carlos Basombrío. El exministro del Interior explica que, si bien los policías obedecen órdenes, el punto es cómo se dieron estas órdenes.

“Yo sostengo que ahí lo que ocurrió fue una cadena de responsabilidades que va hacia arriba, en la cual se plantea una misión que iba a generar ese tipo de respuesta por estar en desventaja, en fin, por una serie de razones. La responsabilidad de los azuzadores de la violencia está directamente relacionada a las otras muertes”, explica.

“Hay algunos casos bastante documentados de exceso del uso de la fuerza por parte del ministerio, de la Policía o de las Fuerzas Armadas. El exceso de uso de la fuerza es una violación de los derechos humanos”, señala Basombrío.

Para Yamamoto, hay dos grandes percepciones en la población y existe una polarización sobre las responsabilidades en estas muertes que hacen actuar de distinta forma a la gente. “Hay una parte de la población que va a estar indignada con una percepción de excesos que se ha dado de parte de la Policía y las fuerzas del orden y en el otro extremo una población que se solidariza, más bien, con los policías y que critica por qué no se actuó más temprano y de manera más radical”.

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