El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, sostuvo que desde el Gobierno reclaman una investigación inmediata y célere del presunto reglaje en contra del contralor de la República, Nelson Shack.
Arana Ysa precisó que desde el Ejecutivo rechazan estas prácticas que empañan las acciones que realizan. Destacó que ya la Procuraduría General del Estado se ha pronunciado en el mismo sentido a través de un comunicado, por lo que actuarán conforme a sus atribuciones ante la Fiscalía.
“Yo le puedo asegurar que en el Gobierno que dirige la señora Dina Boluarte y en el gabinete en pleno no solamente rechazamos sino reclamamos una investigación inmediata y célere. Instamos a la Fiscalía de la Nación a que actúe contra aquellos que resulten responsables”, señaló Arana Ysa a Canal N.
El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) indicó además que desde el Gabinete no han tenido conocimiento del hecho denunciado o de que el entonces titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) haya recibido alguna denuncia o queja.
Agregó que, de haberlo sabido, desde el Ejecutivo hubieran dispuesto que ello se investigue “hasta las últimas consecuencias”, por tratarse de prácticas antidemocráticas e ilegales, que no deben ser permitidas en ningún gobierno.
Presunto reglaje de la DINI
Según una investigación periodística, la seguridad del titular de la Contraloría habría detectado que vehículos vinculados a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) espiaban su vivienda, lo que habría sido reportado por el contralor al entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Arana Ysa dijo esperar asimismo que el entonces jefe del Gabinete -en referencia a Otárola- responda por qué no tomó acción o informó al Gabinete sobre el presunto reglaje contra Shack, como señala la investigación periodística, y remarcó que desde el Gobierno rechazan cualquier tipo de intromisión contra las funciones de cualquier organismo constitucionalmente autónomo.
Procuraduría recaba información
Por su parte, la Procuraduría General del Estado (PGE) informó que se encuentra recabando información al respecto. Precisó que el fin de dichas acciones es “determinar los presuntos delitos en los que estarían involucrados diversos funcionarios públicos quienes habrían utilizado, en forma irregular, bienes y recursos del Estado”.
Fuente: Agencia Andina
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