La Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, como presunto instigador del delito de colusión simple y agravada en perjuicio del Estado.


Se trata de la Denuncia Constitucional 520 interpuesta por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena contra Otárola Peñaranda, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, como presunto instigador de la comisión del delito contra la administración pública – delitos cometidos por funcionarios públicos en la figura de colusión simple y agravada, ilícito penal previsto y sancionado en el primer y segundo párrafos del artículo 384 del Código Penal.

Según la denuncia, el ex titular de la PCM habría ejercido una injerencia funcional indebida en contrataciones públicas, beneficiando a personas con quienes mantenía vínculos personales y profesionales previos, hechos sustentados en informes periodísticos y otros elementos probatorios.

Específicamente se le acusa de haber concertado ilícitamente con dos directivos de Devida para que Rosa Pierina Rivera Bermeo, persona de su entorno cercano, sea favorecida irregularmente con dos órdenes de servicio en esa entidad.


La Comisión Permanente también aprobó otorgar un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que presente su informe final de las denuncias constitucionales contra la fiscal de la Nación, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, y el ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas



En el caso de la fiscal de la Nación se trata de la Denuncia Constitucional 560, la cual fue presentada por el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien acusó a Espinoza Valenzuela por presunta infracción constitucional y abuso de autoridad.

Santiváñez denunció la filtración de información reservada sobre una investigación fiscal en su contra y solicitó que la fiscal de la Nación sea inhabilitada para ejercer cargo público por diez años.

En tanto, también se investigará la Denuncia Constitucional 275, interpuesta por el ciudadano, Jesús Gumercindo Zavaleta Mendoza, contra Salas Arenas por la presunta infracción de los artículos 31, 35, 38 y 39 de la Constitución, y por la presunta comisión de delito de omisión de actos funcionales tipificados en el artículo 377 del Código Penal.

(FIN) RMCH/CVC

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Publicado: 4/6/2025
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