La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó por mayoría el informe final que concluye que no existen pruebas para confirmar la existencia de una red de prostitución en el Poder Legislativo, pero sí señala múltiples irregularidades en la contratación de personal, particularmente de mujeres.
El documento, aprobado con 7 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, es el resultado de la indagación de la denuncia que involucra a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Poder Legislativo, en una presunta red de prostitución que operaba dentro del Parlamento, así como el caso de la trabajadora Andrea Vidal.
El informe concluye que, según lo investigado a la fecha, "no existen elementos fácticos ni jurídicos que acrediten actos de proxenetismo o favorecimiento a la prostitución" y que "no se ha evidenciado la existencia de una red de prostitución en el Congreso".
Sin embargo, indica, "se ha evidenciado un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial el femenino, lo cual podría haberse materializado dentro un contexto sensual y sexista".
El documento también da cuenta que la labor de la Comisión Fiscalización se ha visto restringida por la ausencia de facultades de investigación.
Se advierte que la limitación para investigar afectó la posibilidad de acabar elementos probatorios suficientes para profundizar en diversas líneas de investigación, particularmente en lo que respecta a las ciudadanas Andrea Gil Gómez, Isabel Cajo y Alejandra Gil.
Sobre la situación particular de la abogada asesinada Andrea Vidal Gómez, se indica que no se ha podido acreditar que ejerciera la prostitución.
En ese sentido, señala que el Ministerio Público "investido de sus facultades coercitivas podría investigar a fondo estos hechos", solicitando el levantamiento del secreto bancario, el secreto telefónico y otras pruebas.
Por ello, el informe recomienda poner en conocimiento de dicha institución los actuados por este grupo de trabajo.
(FIN) RMCH/CVC
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Publicado: 18/6/2025