Panamá: El futuro del proyecto minero de 10 mil millones de dólares en juego

La Corte Suprema de Justicia de Panamá está deliberando sobre la alegada inconstitucionalidad del contrato de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), provocando tensiones sociales y políticas sin precedentes en el país canalero que se saldan con cuatro muertes y pérdidas millonarias a la economía.

La mina de Cobre Panamá, concesión renovada el pasado 20 de octubre, representa la mayor inversión privada en la historia de Panamá, generando más de 47,000 empleos entre directos e indirectos. Su actividad representa el 4.8% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y el 75% de las exportaciones de bienes panameños.

El conflicto que se avecina ha sido alimentado por las acusaciones de los ambientalistas quienes aseguran que el proyecto minero causa graves daños al Corredor Biológico Centroamericano. El contrato fue declarado inconstitucional una vez en 2017, lo que llevó a la renegociación de un nuevo contrato con Minera Panamá en 2021 para dar legalidad a la operación y aumentar los beneficios al fisco. El nuevo contrato se mantuvo de manera similar al anterior, con la concesión otorgada de forma directa.

Como resultado, ha surgido un amplio rechazo popular, incluyendo protestas multitudinarias, bloqueos de carreteras y huelga de docentes. Para complicar aún más la situación, una consulta pública no vinculante iniciada por el Gobierno mostró que el 70% de los participantes están en contra de la minería metálica a cielo abierto.

Ahora, el futuro del proyecto de la mina de cobre se encuentra en manos de la Corte Suprema. Si declara inconstitucional la ley del contrato, el operativo de la mina podría cesar. Esto puede provocar que tanto Minera Panamá como FQM activen arbitrajes que pueden involucrar miles de millones de dólares en resarcimiento. Se espera que el fallo se emita en un plazo corto, lo que podría traer aún más cambios en el panorama económico y social de Panamá.