Los políticos peruanos podrían evitar la prisión pese a ser condenados

El escenario político peruano se ve sacudido por la reciente sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que conmutó la prisión efectiva de cuatro años y seis meses del excongresista Kenji Fujimori por una suspendida. El caso ha desatado un debate en el país andino, ya que otros políticos condenados podrían acogerse a similar beneficio.

El Decreto Legislativo Nº1585, expedido recientemente por el Gobierno de Dina Boluarte, permite que el juez suspenda la ejecución de la pena siempre que no exceda de cinco años, dependiendo de ciertos criterios como la modalidad del hecho punible, el comportamiento procesal del imputado y su personalidad. Además, el imputado no debe ser reincidente o habitual. Esta disposición es vista por algunos expertos como un "candado" que pareciera beneficiar a políticos actualmente enjuiciados por corrupción y delitos similares.

Este mecanismo que abre una posible ventana a la impunidad, beneficia a políticos como el ex presidente Martín Vizcarra, recientemente procesado por presunto delito de negociación incompatible, y el prófugo ex gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, ambos en espera de juicio. La Fiscalía ha solicitado para Vizcarra una condena de cuatro años y ocho meses de prisión. Sin embargo, la normatividad emergente podría permitir que el ex mandatario evite la pena efectiva.

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado considera que la disposición otorgada es antitécnica y no corresponde a las necesidades de la política del Estado para enfrentar la grave situación de corrupción en el país. Maldonado indicó que este mecanismo favorece la impunidad y podría mandar el mensaje que "los políticos pueden delinquir y no pasa absolutamente nada".

Por otro lado, admiten que la norma no es obligatoria para el juez suspender las sentencias que no superen los cinco años, y dependerá de criterios vinculados al comportamiento del procesado, su perfil y al caso concreto. Sin embargo, dicha normativa pone en evidencia la constante lucha contra la corrupción en el país y la necesidad de desarrollar políticas más efectivas en este sentido.