Turismo indefenso

El temor de los turistas nacionales y extranjeros ante las amenazas de un grupo de vándalos que con propósitos políticos intentaron bloquear, una vez más, un tramo de la carretera Panamericana Sur, afectó seriamente a la región Ica.

El ministro del Interior, Víctor Torres, declaró que los azuzadores que participaron en los intentos de bloqueos –del domingo 3 y del sábado 9– habían sido ya identificados por Inteligencia de la PNP y que pronto tendría novedades. Por otro lado, la protesta tampoco tuvo la convocatoria ni el resultado que sus organizadores esperaban.

La nutrida tropa policial enviada a la zona que se conoce como Barrio Chino resultó disuasiva en las calles, pero se hizo poco o nada para contrarrestar en medios, instancias internacionales y agencias de turismo la propaganda de terror que se difundía en las semanas previas.

Lo cierto es que desde el domingo 3 en que se produjo el primer amago de interrupción de carreteras y violencia en las calles, las pérdidas en la región ya sobrepasan el millón y medio de soles diarios. Esta vez no fue la beligerancia de las turbas en las vías públicas, sino la propaganda lo que causó el mayor daño, principalmente al sector turismo del que viven miles de ciudadanos en Ica.

El solo anuncio de bloqueo de carreteras y la violencia que le suele rodear atemorizó a quienes les hubiera gustado visitar Ica y sus provincias durante el feriado largo, por ejemplo.

Es inadmisible que el Estado no se haya esforzado en neutralizar la propaganda violentista. Un problema de comunicación que ya había asomado desde tiempos de la pandemia cuando la rumorología y las fake news superaban largamente a la información oficial y lo que la ciencia aconsejaba.

Las batallas se libran también en los medios de circulación masiva y en las redes sociales, combatiendo los discursos amedrentadores y las noticias falsas, dándole confianza y seguridad a la ciudadanía para que pueda realizar las actividades que tiene programadas.

A estas alturas de la recesión, el Perú no puede darse el lujo de afectar, ni en lo más mínimo, ingresos o puestos de trabajo por obra del extremismo destructivo. El Gobierno está obligado a combatir a los enemigos de la democracia en todos los frentes. Esta desidia no puede repetirse más.