Piero Corvetto: Defensa cuestiona informe de Contraloría que atribuye presuntas responsabilidades a exjefe de la ONPE

El Estudio Arbizu & Gamarra, defensa legal de Piero Corvetto Salinas, difundió un comunicado en el que cuestiona el reciente informe de la Contraloría General de la República sobre las irregularidades en las elecciones del 12 de abril.

El pronunciamiento busca aclarar que el exjefe de la ONPE no ha sido sancionado ni sometido a un procedimiento administrativo sancionador, y que el proceso se encuentra aún en una etapa preliminar de control.

Informe de Contraloría

El documento de la Contraloría había señalado presunta responsabilidad en Corvetto y otros nueve funcionarios por las fallas en el traslado de material electoral que impidieron la instalación de 187 mesas de sufragio, afectando a más de 55,000 electores en Lima y Callao.

Entre las observaciones se mencionaba la adjudicación de contratos más caros, el uso de vehículos de terceros y pagos adicionales sin sustento, que incrementaron los costos en más de S/ 650,000. La ONPE, en respuesta, anunció que solicitaría a los implicados el deslinde de responsabilidades en procedimientos administrativos disciplinarios.

El pronunciamiento de la defensa

El comunicado del estudio enfatiza que el "Pliego de Hechos" de la Contraloría no atribuyó a Corvetto una conducta concreta ni verificable. Según la defensa, el informe buscó construir una presunta responsabilidad funcional a partir de afirmaciones genéricas vinculadas al cargo que ocupaba, sin acreditar causalidad directa ni control operativo sobre los hechos observados.

La defensa subrayó que las actuaciones descritas correspondían a órganos técnicos especializados de la ONPE —como la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, la Gerencia de Gestión Electoral y la Subgerencia de Producción Electoral— y que no se identificó ninguna orden o intervención directa de Corvetto.

"Atribuir automáticamente responsabilidad por contingencias operativas ejecutadas por órganos técnicos es incompatible con los principios constitucionales de legalidad, tipicidad y responsabilidad subjetiva", señaló el comunicado.

Preocupación por la difusión pública

El estudio expresó además su preocupación por la difusión de afirmaciones incriminatorias antes de que culmine el procedimiento correspondiente, advirtiendo que ello afecta los principios de objetividad, presunción de inocencia y debido proceso.

En ese sentido, la defensa considera que la publicación del informe de la Contraloría en esta etapa preliminar genera un impacto mediático que condiciona la percepción pública de Corvetto sin que exista una sanción formal. El estudio busca reforzar la idea de que Corvetto no tiene responsabilidad directa en las irregularidades detectadas.

Mientras la ONPE avanza con los procedimientos disciplinarios y la Fiscalía continúa con las investigaciones por presunto cohecho agravado, la defensa insiste en que el caso debe resolverse dentro de los márgenes constitucionales y sin juicios anticipados. El desenlace será clave para definir no solo la situación de Corvetto, sino también la credibilidad institucional de la ONPE.