El escudo ético: por qué la colegiatura periodística no es censura

Por Paulo Grijalva Purizaga

Decano del Colegio de Periodistas de Lima

Durante décadas, el debate sobre la obligatoriedad de la colegiatura periodística en el Perú (Ley 24898) ha estado entrampado en un falso dilema: o se defiende la profesión o la libertad de expresión. Cuando en los noventa se promulgó la Ley Torres y Torres Lara para desactivar esta obligatoriedad, se abrió la puerta a una desregulación que hoy pasa factura.

Al amparo de fallos del Tribunal Constitucional (TC) y de la Opinión Consultiva OC-5/85 de la Corte IDH, se instaló el dogma de que exigir un carnet gremial equivale a censura. Es hora de derribar ese mito con argumentos técnico-jurídicos y sentido común.El TC argumenta que el periodismo no implica un «riesgo social o biológico» directo como la Medicina o el Derecho.

Nada más alejado de la realidad. Un mal médico puede dañar a un paciente, pero un operador de medios sin rigor ni ética puede destruir la reputación, quebrar la paz social o desestabilizar la democracia mediante la desinformación sistemática.

El periodismo maneja un bien público de altísimo riesgo: la verdad. Por ende, la tutela deontológica de una orden profesional está plenamente justificada. Por su parte, la Corte IDH sostiene que como el periodismo es la manifestación primaria de la libertad de expresión, obligar la colegiatura restringe un derecho humano.

Aquí radica la gran confusión: una cosa es la libertad de expresión y otra, muy distinta, el ejercicio profesional de la información. Todo ciudadano tiene derecho a opinar y difundir sus ideas; eso es inalienable.

Pero quien está frente a una cámara o en una sala de redacción ejerce una función social de intermediación masiva. Ese poder asimétrico exige una responsabilidad ulterior. El Colegio de Periodistas de Lima no busca controlar líneas editoriales ni aplicar censura previa.

Lo que se persigue es que quienes estén al frente de los medios masivos sean profesionales idóneos y técnicamente preparados. Y si fallan, que exista un Tribunal de Ética autónomo —lejos del poder político y de los intereses comerciales empresariales— donde el ciudadano de a pie pueda exigir justicia sin necesidad de enfrascarse en un juicio penal.

Derogar la Ley Torres y Torres Lara y devolver la obligatoriedad a la Ley 24898 no es un capricho gremial; es una urgencia democrática. La autorregulación comercial fracasó y el ciudadano está indefenso ante el «todo vale» informativo. Dignificar la profesión con un control ético posterior no debilita la libertad de prensa; al contrario, la rescata de quienes la envilecen.