Petromentiras

La grosera mentira de la presidenta de Perupetro, Isabel Tafur, para justificar la entrega a dedo de tres lotes petroleros a la casi quebrada Petroperú no debería pasarse por alto.

Asegurar que no hubo propuestas presentadas a tiempo por empresas privadas que pudiesen competir con la oferta de la petrolera estatal, fue una maniobra cuyo único objetivo era que Petroperú obtuviera esos lotes para así intentar cubrir el forado financiero que la ahoga hace casi una década, como en su momento denunció Perú21.

Una burda fabricación que debería costarle el puesto a esta funcionaria, quien afirmó que las cartas de las instituciones privadas que se interesaron por esos lotes llegaron “con posterioridad” a las negociaciones que ya se habían iniciado con Petroperú, lo cual era totalmente falso de acuerdo a las cartas de dos empresas dadas a conocer por este diario.

Como oportunamente señaló Carlos Gonzales, gerente de Enerconsult, “los lineamientos de negociación directa de Perupetro indican que cuando una empresa manda solicitud de negociación, lo que se debe hacer es publicar dicha solicitud, para que otras empresas que están en la misma capacidad hagan su propuesta. Y, de acuerdo con eso, se determina cuál es la más idónea. Cuando dicen que las cartas llegaron después, la pregunta es: ¿quién sabía que habían iniciado (el proceso)?”.

Por su parte, Jorge Morante, miembro de la Comisión de Energía del Congreso, fue enfático en manifestar su indignación, pues la semana pasada Tafur fue citada a dar explicaciones sobre lo ocurrido con tan apresurada y sospechosa adjudicación.

“En nuestra cara pelada dijo que no hubo comunicación de nadie anterior a la comunicación de Petroperú para acceso a los lotes. Ha quedado totalmente acreditado con las comunicaciones de (las empresas) Sapet y Savia –y otras más que tal vez no han querido hacer públicos sus documentos, para poder participar ya sea en negociación directa, en concurso o en alianza con Petroperú– que la presidenta ha venido a mentirnos… Y nos viene a presentar un informe legal que no lo sustentaría (ni siquiera) un alumno de primer ciclo de Derecho. Esta señora está haciendo todos los méritos para recibir una denuncia penal por haber venido a actuar de esa forma ante el Congreso”, cuestionó.

La indignación parlamentaria se justifica plenamente. Isabel Tafur, además de ser destituida, debe ser investigada. Y el proceso de adjudicación, volver a fojas cero.

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