Pataz: FEMA condena para dos sujetos por el delito de minería ilegal en agravio del Estado Peruano

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de La Libertad consiguió que dos hombres sean condenados por el delito de minería ilegal tras descubrirse que operaban una planta clandestina en el anexo Retamas, en Pataz. Durante el operativo se hallaron hornos, molinetes, balones de gas y material contaminante que afectaba al medio ambiente y ponía en riesgo a la población de la zona.

La lucha contra la minería ilegal en la provincia de Pataz sumó un nuevo avance luego de que la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de La Libertad lograra la condena de dos sujetos involucrados en actividades ilícitas vinculadas a la extracción y procesamiento ilegal de minerales.

Se trata de Jarlin Huarilloclla y Felizardo Rodríguez, quienes fueron hallados responsables del delito de minería ilegal en agravio del Estado peruano. Según informó el Ministerio Público, ambos operaban dentro de una planta clandestina de procesamiento de mineral ubicada en el anexo Retamas, distrito de Parcoy, provincia de Pataz.

Operativo permitió hallar material contaminante

Durante las diligencias fiscales se encontraron trece molinetes, hornos artesanales, sopletes, balones de gas, balanzas y diversas bolsas con mineral, además de relaves y efluentes contaminantes derivados de esta actividad ilícita. Las autoridades señalaron que dichos elementos generaban un grave impacto ambiental en la zona.

Ante ello, el fiscal adjunto provincial Lorgio Reynaldo Castro Azcárate dispuso el pasado 5 de febrero de 2026 la destrucción e inutilización inmediata de los equipos hallados en la planta ilegal, como parte de las acciones de interdicción contempladas en la normativa vigente.

La minería ilegal se ha convertido en uno de los principales problemas en Pataz debido al daño ambiental que ocasiona y a los vínculos que suele mantener con organizaciones criminales dedicadas a otros delitos.

Sentencia incluye reparación civil

Como resultado del proceso judicial, ambos implicados recibieron una condena de cuatro años y dos meses de prisión suspendida por el plazo de un año. Además, deberán pagar una reparación civil de 100 mil soles a favor del Estado peruano.

La sentencia fue obtenida mediante un proceso de terminación anticipada, mecanismo mediante el cual los acusados aceptaron su responsabilidad penal. El caso fue sustentado por la fiscal provincial Patricia Viviana Ponce Saavedra, quien presentó las pruebas reunidas durante la investigación.

La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental reafirmó su compromiso de continuar enfrentando la minería ilegal y proteger los recursos naturales del país. Este caso representa un nuevo esfuerzo de las autoridades para frenar actividades que afectan el ecosistema y generan contaminación en distintas regiones del Perú.