[OPINIÓN] Gabriel Ortiz de Zevallos: Demeritocracia, arbitrariedad y cooptación

El actual defensor del Pueblo fue elegido por 88 congresistas de un sancochado de fuerzas políticas, a pesar de muchos cuestionamientos, incluido haber sido abogado de Vladimir Cerrón. Ya rebajó los requisitos para ser defensor adjunto. El cambio no es menor: ya no se necesitará 4 años de experiencia en el sector público, sino que bastará 8 en privado o público. Todos los que conocen el sector público peruano saben que la experiencia pública es crítica. Hay casos identificables donde muy exitosos empresarios privados no pudieron lidiar con el aparato público peruano. Ahora que ya no es mediático el tema de su elección, el cuestionado defensor cambia normas que probablemente impactarán la eficacia de la Defensoría.

Más de 100 congresistas votaron a favor de la ley que permite nombrar sin evaluación a 14 mil docentes que fueron contratados temporalmente. En 2014 se tomó una evaluación a la que acudieron 38% (5,300) y solo un 3% (546) aprobó. ¿Es ético condenar a nuestros niños a tener maestros que han jalado varias veces la evaluación? La meritocracia es indispensable, pero en el caso de la educación, y particularmente de los niños que probablemente solo tendrán acceso a la escuela pública, es una obligación moral.

Así como se registra el voto individualmente hoy (antes de los noventa se votaba muchas veces al carpetazo o mano alzada, solo haciendo constar el total de votos en cada sentido), debiera regularse que cada parlamentario esté obligado a sustentar su voto en un texto breve al mismo momento de votar. Todos los actos de poder deben ser motivados, y los debates pasan al olvido.

La Constitución y otras normas exigen mayorías calificadas para temas importantes que requieren estabilidad en el tiempo, pero para este Congreso parece más fácil conseguir las mayorías amplias, a pesar de la gran fragmentación, cuando menos razones se pueden esgrimir. Habrá que acuñar el término mayorías descalificadas, para distinguir el consenso de la repartija.

Con 84 votos, el Pleno aprobó una investigación sumarísima (7 días hábiles, luego ampliados a —wow— ¡14!), para que la Comisión de Justicia evalúe una acusación constitucional a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿La falta gravísima? Haber invocado, antes del juicio político y antejuicio a Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación, a contribuir a “reforzar y fortalecer la confianza de la ciudadanía en el Estado a partir de la separación e independencia práctica, real y efectiva de los poderes públicos, entes de control y del Sistema Electoral”.

Vamos por partes. Incomprensible la urgencia. La exfiscal ya fue choteada e inhabilitada por cinco años. La invocación no presionó en lo absoluto. El texto sería como para ponerlo a la entrada de cualquier entidad pública: ¿es buena o mala idea que refuercen y fortalezcan la confianza en el Estado? Al Parlamento y al Ejecutivo no les vendría nada mal que mejorara la confianza en ambos. Y supongo que no estarán en contra de la separación e independencia efectiva de los poderes públicos, ¿o sí? Un consejo hasta de un conejo, dicen. Eso de saltar hasta el techo y amenazar con botar a todos en una semana o dos, mientras todas las acusaciones al presidente de la Mesa Directiva ni se miran, por señalar solo a uno de todos los congresistas cuestionados, parece doble vara y amenaza (no invocación).

El argumento respecto de la edad de la doctora Inés Tello sí merece evaluación. La ley señala que el límite de edad es para ser miembro, no para postular, como ha interpretado un informe de Servir. No soy abogado, esperaría que aclarar la interpretación de la ley en ese punto no implique una acusación constitucional. Someter a la Junta Nacional de Justicia al poder político del Congreso es un hecho grave, solo aplicable en situaciones extremas. Tener una atribución no implica carta libre para usarla cuándo y cómo te da la gana. La prioridad de la comisión de justicia debiera ser evaluar los proyectos de decretos legislativos para combatir la delincuencia. El poder se debe ejercer con argumentación sólida, prudencia y respeto.