Gobierno fuertemente criticado por norma que califica la transexualidad como problema de salud mental

Organizaciones civiles realizarán un plantón mañana frente al Ministerio de Salud para exigir que se derogue o modifique el decreto supremo que incluye categorías de identidad de género y orientación sexual dentro de clasificaciones de trastornos mentales. La norma ha generado el rechazo internacional y ha sido calificada como un retroceso del gobierno de Dina Boluarte.

Mañana viernes 17 de mayo se cumplen 34 años desde que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Por ello, la fecha ha sido reconocida como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. En el Perú, la historia se cuenta al revés. Mañana por la tarde, diversas organizaciones LGBTIQ+, realizarán un plantón frente al Ministerio de Salud (Minsa) para exigir al gobierno de Dina Boluarte que derogue el decreto supremo, recién publicado, que incluye a la transexualidad y otras categorías de la identidad de género en la lista de “problemas de salud mental”.

En las redes sociales, las organizaciones civiles y activistas, bajo el lema #NadaQueCurar, han mostrado su indignación y total rechazo a la reciente medida del Minsa. La noticia, incluso, ha dado la vuelta al mundo bajo titulares que hablan de “retroceso” y “polémica” por la norma que patologiza las identidades LGBTIQ+.

El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) pidió, a través de su cuenta de X, la rectificación de la norma por parte del Estado peruano y recordó que este “debe cumplir sus obligaciones internacionales, respetando los derechos a la igualdad, no discriminación y a la salud integral”.

Un decreto antiderechos

El decreto supremo 009-2024-SA modifica el decreto que aprobó la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) en el 2021. Con este cambio, se establece la incorporación de diagnósticos CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades) en los que se encuentran el “transexualismo”, “transvestismo de rol dual”, y diversidades de identidad de género y orientación sexual clasificándolas como trastornos mentales.

El CIE -10 es una versión desactualizada que está basada en diagnósticos de los años 90. La que se encontraba vigente en el Perú es la CIE-11, que fue adoptada en la Asamblea Mundial de la Salud en el 2019 y entró en vigencia en el 2022. En esta última versión no se considera trastorno o enfermedad a las diversidades sexuales.

Una de las mayores preocupaciones respecto al retorno del CIE-10 es que se pone en riesgo a la población LGBTIQ+, y la vuelve vulnerable a formas de tortura y degradación con supuestas "terapias" o prácticas de conversión.

Ser trans en Perú es vivir cuesta arriba

Epicentro Tv presentó en diciembre de 2021 un documental de David Gómez Fernandini acerca de las dificultades que afronta la comunidad trans para que se reconozcan sus derechos y libertades. Entre los obstáculos más importantes registran las dificultades para la atención en salud y por supuesto la falta de reconocimiento de su derecho a tener un nombre y a tener un documento acorde con su  identidad de género.

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Conoce de cerca los desafíos que enfrenta la comunidad trans en la sociedad peruana y cómo la aprobación de una ley de identidad de género será el primer paso para el reconocimiento de sus derechos más elementales.

Epicentro TVDavid Gómez-Fernandini G.

George Hale, directivo de Promsex, alertó que las potenciales víctimas de estas mal llamadas terapias de conversión son los adolescentes quienes son sometidos a procedimientos tortuosos para que no acepten su orientación sexual o identidad de género.

Hale también recordó lo peligroso que sería que se mantenga vigente el decreto supremo aprobado recientemente ya que podría generar más violencia y discursos de odio. Por ello, solicitó al Ejecutivo modificar o derogar la norma.

Un gran retroceso

El decreto supremo firmado por la presidenta Dina Boluarte ha sido criticado desde todos los frentes. Desde Estados Unidos, el congresista demócrata de origen peruano Robert García, el primer latino abiertamente homosexual en llegar al Congreso en Washington, rechazó la norma del Minsa y la calificó de discriminatoria, peligrosa y vergonzosa.

"Como peruano-americano gay y el primer peruano-americano en servir en el Congreso, es claro para mí que la ley del gobierno de Boluarte y el Congreso derechista de atacar y etiquetar a los peruanos trans y de genero no binario como "enfermos mentales" es discriminatoria, peligrosa y vergonzosa", dijo en un comunicado.

García añadió: "En lugar de trabajar en los problemas reales como el deterioro de la democracia en el país, la minería y la explotación forestal ilegal, y la explotación de los trabajadores, esta medida extrema hace que Perú retroceda en vez de avanzar. Trabajaré directamente con el Departamento de Estado Estadounidense, para rechazar este ataque directo contra los peruanos LGBTQ+."

En el Perú, el exadjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, recordó en su cuenta de X que la norma del Minsa “coloca en peligro los avances logrados hasta el momento en el reconocimiento de la identidad de género, dado que podría ser invocada para afectar derechos no solo en el ámbito de la salud, sino también en procesos judiciales y otras esferas”.

Además, recuerda que el decreto supremo va en contra de la Opinión Consultiva de la Corte IDH OC-24/17 y de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional.

No cederán

Mientras tanto, como ya es costumbre en el gobierno de Dina Boluarte, el Ministerio de Salud emitió un comunicado defendiendo el decreto supremo sin hacer mea culpa alguno. Aseguran que respetan las identidades de género y rechazan cualquier estigmatización de la diversidad sexual en el país.

“Esta actualización se realiza ante la necesidad de asegurar el beneficio de las intervenciones de salud mental integral, como condiciones para el pleno ejercicio del derecho a la salud y el bienestar de la persona, la familia y la comunidad. El CIE-10 se mantiene vigente en nuestro país, en tanto se inicie la implementación progresiva del CIE-11, tal como ocurre en otros países de la región”, dice el comunicado.

El asesor del Minsa m Herberth Cuba, aseguró que no es una opción derogar el decreto supremo porque el CIE-11 recién podrá ser implementado a finales del 2027 y, mientras tanto, debe aplicarse el CIE-10.

Desde Palacio de Gobierno, sobre el tema, solo ha habido silencio.

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