Cuidado con la letra pequeña

La presidenta de la Comisión de Constitución ha adelantado que sí le darán facultades al Ejecutivo para legislar en temas de seguridad ciudadana y otros temas, pero no al 100%.

Y hace bien en no concederlas totalmente pues, como suele decirse, en los detalles está el demonio. Es decir, este traslado de responsabilidades debe ser evaluado minuciosamente, pues las cláusulas que a veces vienen en la ya famosa ‘letra pequeña’ podrían generar un riesgo para las libertades democráticas.

Recordemos lo que se ha convertido en un modus operandi parlamentario: proyectos de ley que contrabandean disposiciones nocivas para el país, aprovechando el descuido o la desidia de congresistas que a veces los firman sin siquiera haber leído bien sus textos. Y al darse cuenta días después de que el proyecto que firmaron iba ‘contra sus principios’, luego se arrepienten en público (cosa que está sucediendo con demasiada frecuencia).

Es el caso, por ejemplo, de uno de los proyectos de ley en el que se plantea modificar el Código Penal para incorporar sanciones a los instigadores del delito de disturbio y entorpecimiento a los servicios públicos, entre los que se considera a los comunicadores que informen sobre marchas o protestas.

Todos los gremios nacionales e internacionales vinculados a la defensa de los derechos ciudadanos y especialmente a la libertad de expresión se han pronunciado en contra de este despropósito, que al referirse a los actos de disturbios dice, a la letra, “ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia”.

Es especialmente preocupante este acuerdo, y la sociedad civil tendrá que permanecer alerta, pues como ha dicho Roberto Pereira, experto en temas de libertad de expresión a Perú21TV, “el Ejecutivo y el Congreso tienen un ADN antidemocrático”.

La Comisión de Constitución deberá hacer un trabajo exhaustivo y pulcro para detectar y retirar planteamientos como ese, ya que significarían, en efecto, un recorte gravísimo de la libertad de prensa e información, que debe ser irrestricta en toda democracia.