APP propone amnistía e indulto para violadores de DDHH

Pese a que la Corte IDH y el TC calificaron las leyes de amnistía a policías y militares en la lucha antiterrorista de la época de Fujimori como normas que violaron derechos humanos, el partido de César Acuña propone combatir la inseguridad con la misma estrategia.

Al parecer, no solo el Ejecutivo está carente de estrategias para combatir la inseguridad ciudadana, desde el Congreso se está buscando combatir a las organizaciones criminales con proyectos de ley que buscan repetir medidas antiterroristas que terminaron denunciadas ante la Corte IDH. Además de la propuesta legislativa del congresista Juan Burgos Oliveros de Unidad y Diálogo Parlamentario, de volver al sistema de jueces sin rostro implementado por el gobierno de Alberto Fujimori; ahora el partido de César Acuña plantea que se vuelva a amnistiar a policías y militares.

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Epicentro TVRedacción Epicentro

El partido Alianza Para el Progreso (APP) ha presentado una fórmula legal que propone en su único artículo conceder amnistía para el personal militar y policial que sea objeto de procesos judiciales en su lucha contra el crimen organizado, sicariato, secuestro, homicidio, asesinato, entre otros delitos.

Es decir, a diferencia de la Ley N° 26479, aprobada en 1995 en el gobierno de Fujimori para los militares y policías investigados en la lucha antiterrorista entre 1980 y 1995; la propuesta de APP busca conceder amnistía a los policías y militares enjuiciados en el futuro.

El proyecto de ley, además, sustenta su propuesta “a partir de las declaraciones de estado de emergencia”. Estrategia que el propio Ejecutivo ha admitido que no ha funcionado como política de lucha contra el crimen organizado en el país.

APP ha enviado la propuesta legislativa directamente al presidente del Congreso, Alejandro Soto, horas después de que el líder del partido y gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se reuniera con la presidenta Dina Boluarte. En la reunión, realizada el 1 de febrero en Palacio de Gobierno, Acuña informó que se acordó con el Ejecutivo que se declare en emergencia por 120 días la región y pidió la instalación de una base militar como medida de seguridad.

En la carta enviada a Soto, el secretario general de APP, Luis Valdez, señaló que la propuesta de su partido busca que se “tomen medidas drásticas, que permitan que las fuerzas armadas actúen con eficacia y sin temor a futuros procesos judiciales”.

En un intento de precisar el alcance de lo propuesto, en una entrevista radial Valdéz indicó que hay algunos puntos del proyecto de ley que pueden ser “renovados” por los legisladores cuando entre a debate. No obstante, ante las críticas solo aseguró que “aquellos que se pongan de espaldas a este proyecto están a favor de los criminales”.

Como disposición complementaria, el proyecto de APP propone autorizar a la Comisión de Gracias Presidenciales otorgar indultos comunes o conmutación de penas, a aquellos policías y militares que, sean condenados por enfrentarse a delincuentes en el ejercicio de sus funciones.

Amnistía afecta derechos humanos

Desde la policía, al parecer, la línea antiderechos no les genera rechazo, todo lo contrario. El coronel Roger Torres, exjefe policial de La Libertad, aseguró ayer en RPP que está a favor de renunciar a los derechos humanos como lo hizo el presidente Bukele. Además, aplaudió la ley de amnistía a policías y militares dictada en Ecuador  frente a la inseguridad ciudadana que vive ese país.

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Las críticas al proyecto de amnistía de APP también se han hecho escuchar y fuerte. El ex adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, aseguró que aprobar  esa normativa implicaría un grave problema de inconstitucionalidad debido a que afecta el derecho que tienen las personas a que se sancione cualquier violación a los derechos que haya sufrido.

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“La amnistía implica el perdón y el olvido de los delitos. (...) Por ejemplo, se priva de la vida a una persona inocente que por ahí pasaba, entonces ¿quiere decir que ese acto va quedar impune? ¿No va a merecer ningún tipo de sanción? ¿Los familiares de esa persona cómo se van a sentir frente a un hecho de esa naturaleza? Por eso es que las amnistías tienen un tratamiento particular. Para que sean compatibles con la constitución, para que sean compatibles con lo que significan nuestros compromisos internacionales, deben cumplir ciertas características que para nada se ajustan a hechos de esta naturaleza”, dijo en Radio Nacional.

Por su parte, el exviceministro de Seguridad Pública, Nicolás Zevallos, criticó que el Congreso esté utilizando contra el crimen organizado la misma estrategia que combatió al terrorismo, ya que tiene objetivos económicos y no ideológicos.

"A diferencia del terrorismo el crimen organizado tiene un objetivo concreto que es generar plata. Es un negocio. Cuando ese elemento aparece de por medio, lo que hay de por medio es un fin material o un fin lucrativo, hay intereses que van a tratar de que esa actividad se mantenga. No es posible, no es muy inteligente aplicar medidas semejantes ante el terrorismo en un fenómeno totalmente distinto con objetivos distintos. No políticos, sino económicos. Hay que cambiar totalmente la lógica de trabajo", dijo en RPP.

Precisamente, la aplicación de la amnistía a policías y militares en la lucha contra el terrorismo, a partir de las leyes Nº 26479 y Nº 26492, dictadas durante el gobierno de Fujimori, han sido catalogadas como “carentes de efectos jurídicos” por el Tribunal Constitucional y la Corte IDH.

Según la sentencia en el Caso “Barrios Altos” (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú), la Corte IDH concluyó que el estado peruano violó los artículos 1 y 2 de la Convención Americana con ambas leyes de amnistía. La Corte consideró que ambas normas generaron impunidad al Grupo Colina.

El TC también resolvió la nulidad de todas las resoluciones judiciales que se dictaron en el marco de las leyes de amnistía.

En el 2001, cuando ambas normas fueron derogadas, la Defensoría del Pueblo informó que “durante el período cubierto por las leyes de amnistía se han reportado aproximadamente más de seis mil detenciones– desapariciones, atribuibles a agentes gubernamentales . De esta manera, con la amnistía el gobierno anterior aseguraba que sus agentes quedarán exentos de responsabilidad penal por cualquier tipo de delitos”.

Las leyes de amnistía dictadas por Fujimori, fueron calificadas entonces por la Defensoría como normas que superaron en extensión a la “Ley de Punto Final” argentina o la “Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado” de Uruguay, o hasta a la propia “autoamnistía” que el régimen militar chileno se concedió en 1978.

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