Ilich Martínez: «Todos los peruanos estamos obligados a participar en la defensa nacional»

El escritor presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta traición a la patria en el proceso de adquisición de los aviones F-16. Afirma que su decisión se sustenta en el artículo 163 de la Constitución, que establece el deber de todos los ciudadanos de participar en la defensa nacional, y plantea abrir un debate sobre soberanía, geopolítica e independencia estratégica del Perú.

La adquisición de 24 aviones F-16 para la Fuerza Aérea del Perú ha trascendido el ámbito estrictamente militar y ha llegado al Ministerio Público. El escritor Pedro Hugo Ilich Martínez Cabrera presentó una denuncia por presunta traición a la patria para que se investigue el proceso de compra y las decisiones políticas que lo rodearon. Su principal argumento no se limita a cuestionar la adquisición de un sistema de armas, sino a reivindicar el papel que, según la Constitución, corresponde ejercer a todo ciudadano en la defensa de la soberanía nacional. En diálogo con Diario UNO, explica las razones de su denuncia y expone su lectura sobre el contexto geopolítico que, a su juicio, rodea esta decisión.
Usted ha presentado una denuncia por presunta traición a la patria en relación con la compra de los aviones F-16. ¿Qué hechos concretos lo llevaron a tomar esta decisión?
La decisión nace de una serie de hechos que considero deben ser investigados. Uno de ellos son las declaraciones del ex comandante general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jorge Montoya, quien ha sostenido públicamente que no conviene adquirir armamento estadounidense porque su utilización puede quedar condicionada por ese país. A ello se suma que el presidente de la República anunció que no se concretaría la compra de los F-16 y, pese a ello, posteriormente se impulsó el pago de un contrato que, según mi denuncia, aún no había sido suscrito. Considero que esos hechos justifican una investigación fiscal.
En su denuncia sostiene que existirían intereses extranjeros detrás de esta operación. ¿Cuáles son los elementos que sustentan esa afirmación?
Desde la llegada del embajador de Estados Unidos al Perú se produjeron reiteradas declaraciones sobre el puerto de Chancay y la adquisición de los F-16. Paralelamente, se registró un intercambio de posiciones con el embajador de China. A mi juicio, estos hechos evidencian que el debate supera una compra de armamento y se desarrolla en un contexto de competencia geopolítica entre dos potencias con intereses en la región.
¿Por qué considera que la compra de los F-16 trasciende una simple decisión militar o comercial?
Porque la decisión que adopte el Estado definirá la capacidad operativa de la Fuerza Aérea durante las próximas décadas. La propia institución ha señalado que su objetivo es alcanzar superioridad aérea, por lo que la elección no debería responder únicamente a criterios comerciales o diplomáticos, sino a aquello que resulte más conveniente para los intereses estratégicos del Perú.
Usted menciona el concepto de soberanía nacional de manera recurrente. ¿De qué forma cree que esta compra podría afectar la capacidad de decisión del Estado peruano?
Si un sistema de armas depende de autorizaciones, restricciones o condicionamientos impuestos por un proveedor extranjero, existe el riesgo de que la capacidad de decisión del Estado se vea limitada en determinados escenarios. Mi preocupación es que la defensa nacional no dependa de intereses ajenos a los del Perú.
¿Qué papel atribuye al embajador de Estados Unidos en este proceso y por qué sus declaraciones le generan preocupación?
Considero que sus declaraciones sobre Chancay y los F-16 forman parte de una agenda geopolítica que merece ser analizada. Cuando un representante diplomático opina de manera reiterada sobre decisiones estratégicas de otro país, corresponde preguntarse hasta dónde llegan los intereses de su Estado y cuál debe ser la respuesta de las autoridades peruanas en defensa de su autonomía.
En su denuncia también cuestiona la participación de algunos actores políticos peruanos. ¿Qué responsabilidades deberían esclarecerse durante una eventual investigación fiscal?
La investigación debería determinar cómo se tomaron determinadas decisiones y si existieron actuaciones ajustadas al marco legal. Corresponderá al Ministerio Público establecer si hubo responsabilidades de funcionarios o de cualquier otra persona que haya intervenido en este proceso.
Desde su punto de vista, ¿por qué el debate sobre la adquisición de armamento ha recibido tan poca atención en comparación con otros temas de la agenda política nacional?
Porque en el Perú la defensa nacional suele quedar relegada del debate público. Sin embargo, las decisiones en materia de seguridad y defensa tienen efectos que trascienden a un gobierno y pueden marcar el rumbo estratégico del país durante varias décadas. Por eso considero necesario que estos temas sean discutidos con mayor profundidad por especialistas, autoridades y ciudadanía.
Algunos sectores sostienen que la compra de los F-16 responde a criterios estrictamente técnicos. ¿Cuál es su respuesta frente a esa posición?
Si la decisión fuera exclusivamente técnica, tendría que responder al objetivo planteado por la propia Fuerza Aérea: alcanzar superioridad aérea. A mi juicio, esa meta debe evaluarse considerando el desempeño del sistema de armas, la experiencia acumulada por nuestros pilotos y técnicos, la infraestructura existente y los costos de operación y mantenimiento. Por eso considero que el análisis no puede limitarse únicamente a la adquisición de una aeronave, sino a la capacidad estratégica que ofrecerá durante los próximos treinta años.
¿Considera que existe actualmente una discusión seria sobre geopolítica y defensa nacional en el Perú?
Todavía no. El Perú ha adquirido una importancia geopolítica creciente por su ubicación y por proyectos como el puerto de Chancay. Sin embargo, ese debate casi no existe en la agenda pública. Mientras otras naciones analizan permanentemente los efectos estratégicos de estos cambios, aquí seguimos abordando la defensa nacional como un tema secundario, cuando debería formar parte de una política de Estado.

En varias oportunidades usted ha señalado la importancia de la identidad y la autodeterminación nacional. ¿Cómo se relacionan esos conceptos con la controversia de los F-16?
La soberanía no solo consiste en proteger el territorio; también implica preservar la capacidad de decidir libremente el futuro del país. El Perú posee una historia y una identidad que obligan a pensar sus decisiones estratégicas desde sus propios intereses y no desde las prioridades de otras potencias. Esa es la reflexión que intento plantear con esta denuncia.
Más allá de esta denuncia, ¿qué reflexión le deja la forma en que el país aborda decisiones estratégicas vinculadas a seguridad y defensa?
Creo que el Perú debe fortalecer su capacidad de negociación y actuar con una visión de largo plazo. Las decisiones en materia de defensa no deberían responder únicamente a coyunturas políticas, sino a una estrategia nacional que priorice los intereses del país. Cuando una nación negocia desde una posición firme, obtiene mejores condiciones y preserva su autonomía.
Si la Fiscalía decide admitir a trámite esta denuncia, ¿qué espera que se investigue de manera específica?
Espero que se esclarezca cómo se adoptaron las decisiones relacionadas con la compra de los F-16 y si existieron actuaciones que pudieran haber comprometido los intereses del Estado peruano. Mi propósito es que los hechos sean investigados con objetividad y que sea la autoridad competente la que determine si hubo o no responsabilidades.
Finalmente, ¿qué mensaje le daría a los ciudadanos que consideran que los temas de defensa nacional son asuntos exclusivos de las Fuerzas Armadas y no de la sociedad en su conjunto?
La Constitución establece que todos los peruanos estamos obligados a participar en la defensa nacional. Esa responsabilidad no recae únicamente en las Fuerzas Armadas o en las autoridades; también alcanza a la ciudadanía. Defender la soberanía significa participar, informarse y hacer uso de los mecanismos que ofrece el Estado cuando consideramos que un asunto de interés nacional merece ser investigado. Ese es el espíritu con el que presenté esta denuncia.

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