Fiscalía solicita 34 años de prisión para ex-presidente Pedro Castillo por intento de golpe de Estado
El expresidente y otras figuras políticas enfrentan severos cargos por conspirar para cerrar el Congreso y alterar la tranquilidad pública. Sus políticas extremistas causaron olas de inquietud y desorden a nivel nacional.
Pedro Castillo, expresidente de Perú, además de varios miembros de su gobierno, están enfrentando severas acusaciones por su intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022. La fiscalía ha presentado una acusación penal contra Castillo, solicitando una condena de 34 años por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros, actualmente bajo prisión preventiva, así como los extitulares del Interior, Willy Huerta, y del Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, están también acusados. Se solicitan penas de 25 años de prisión para cada uno de ellos.
Se alega que formaron parte de un plan para cerrar ilegalmente el Congreso, intervino el sistema judicial para instalar un gobierno de excepción, apelando a las fuerzas armadas para efectuar sus planes. El intento de golpe fracasó, resultando en la destitución y detención de Castillo.
Aníbal Torres, quien entonces asesoraba al Consejo de Ministros y se desempeñaba como Primer Ministro, también está siendo acusado de rebelión, con la fiscalía pidiendo una condena de 15 años de cárcel.
Además de los funcionarios de alto nivel, la fiscalía también ha acusado a tres oficiales de policía quienes aparentemente siguieron las órdenes para el golpe de Estado. Para ellos se solicita una pena de 25 años de cárcel.
Los acontecimientos del 7 de diciembre de 2022 marcaron un momento crítico para Perú. Las acciones de Castillo y su gobierno no solo desestabilizaron la nación, sino que también pusieron en riesgo la democracia del país. La acusación formal marca un paso significativo en la condena de sus delitos y en el intento de restaurar la estabilidad y la confianza en el sistema político peruano.
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