El expresidente Pedro Castillo busca anular condena de 34 años y obtener su liberación

En una escalada de sucesos en torno a la crisis política que ha sacudido Perú en años recientes, Pedro Castillo, expresidente que se encuentra actualmente preso por las investigaciones de un presunto golpe de Estado perpetrado por él en diciembre del 2022 y por formar parte de una organización criminal, ha introducido una serie de recursos legales buscando anular la acusación que le plantea 34 años de cárcel.

Desde el penal de Barbadillo, Castillo Terrones participó de manera virtual en dos audiencias el pasado 18 de enero, donde se victimizó y calificó como una “cortina de humo” la denuncia en su contra. El argumento de su abogado, Eduardo Pachas, es que la Fiscalía se habría apresurado en cerrar la investigación preparatoria para formalizar la acusación penal antes de evaluar pruebas solicitadas por la defensa del exmandatario.

La defensa de Castillo solicitó que, por una medida de control de plazos, el Poder Judicial anule el cierre de la investigación preparatoria determinada por el Ministerio Público el pasado 18 de diciembre del 2023. Además, solicita la anulación de la acusación por 34 años de prisión. Según Pachas, se limitaría el derecho a presentar pruebas que están a su favor y sostienen su alegato de que el golpe de Estado fue orquestado por otros actores, incluyendo las Fuerzas Armadas y la fiscal Patricia Benavides.

En seguida a estas audiencias, el abogado Juan Sifuentes Bustillos introdujo una nueva tutela de derechos para exigir la liberación de Castillo. Sifuentes sostiene que ni la fiscal Patricia Benavides ni el juez Juan Carlos Checkley tenían competencia para ordenar la detención de Castillo.

En su intervención, el expresidente Castillo desmentió que tuviese intención de evadir la justicia al embajada de México en Lima tras el golpe de Estado. En su lugar, insistió en que solo quería asegurar la seguridad de su familia.

Como respuesta a esta serie de movidas legales, el fiscal Alcides Chinchay califica esta nueva intención de liberar a Pedro Castillo como un acto de “mala fe procesal", recordando que el Poder Judicial ya se había pronunciado en contra de una tutela de derechos similar en octubre del 2023 con los mismos argumentos. Se espera el pronunciamiento del magistrado Juan Carlos Checkley en el plazo de ley.