Defensor del Pueblo bajo sospecha

Aumentan los conflictos en la Defensoría del Pueblo en Perú bajo la administración de Josué Gutiérrez, quien asumió en mayo de 2023. De los nueve adjuntos originales, solo queda una. El último par en renunciar fueron Rolando Luque, Adjunto en materia de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, y Lissette Vásquez Noblecilla, Adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos.

Luque, cuya carrera en la Defensoría abarcó dos períodos separados, emitió un informe antes de su partida. El informe señalaba la existencia de 215 conflictos sociales, con 168 activos y 47 en espera. Cabe destacar que la región de Loreto tiene el mayor número de conflictos sociales con 29 casos.

El informe de Luque nunca se finalizó, lo que ha generado preocupación entre su equipo de que no llegue a ver la luz. Asimismo, su salida ha despertado suspicacias sobre el futuro de la Adjuntía correspondiente a Conflictos Sociales y su posible reemplazo por Jorge Rimarachín, excongresista nacionalista y un supuesto aliado de Gutiérrez, basado en sus visitas recientes.

Por otro lado, la renuncia de Vásquez Noblecilla se debe a la presunta obstrucción de Gutiérrez frente a un pronunciamiento institucional en contra de los cambios realizados a la Ley Forestal por el Parlamento. Según informes, la postura técnica de la Adjuntía apoyaba la conservación de bosques y la biodiversidad, posición que Gutiérrez aparentemente no compartía.

Además, las renuncias se suman a alegaciones de corrupción. Hay acusaciones de que asociados a Gutiérrez ganaron contratos después de visitar su despacho.

Varias voces condenan la situación, incluyendo a los exdefensores del Pueblo Eduardo Vega Luna y Walter Albán, quienes criticaron la gestión de Gutiérrez y su influencia en la institución.

Este escenario plantea dudas sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo en Perú. Las renuncias y las acusaciones de corrupción ensombrecen cada vez más la gestión de Gutiérrez, elevando la tensión política y la incertidumbre sobre el futuro.