Crisis interna evidencia discrepancias con el actual defensor Josué Gutiérrez Cóndor

La Defensoría del Pueblo se encuentra en medio de una crisis interna, luego de la renuncia de varios adjuntos que no comparten el estilo de gestión del actual defensor Josué Gutiérrez Cóndor. La última en presentar su renuncia ha sido Eugenia Fernán-Zegarra, adjunta de Administración Estatal, quien trabajó en la entidad por más de 20 años. El conflicto se debe a que Gutiérrez Cóndor ha dejado de ser una colaboradora crítica del Ejecutivo, Congreso y el Poder Judicial, para solo "acompañarlos".

Además, se han cuestionado las designaciones de personas sin experiencia ni idoneidad en puestos clave. Además, se menciona la designación del polémico exparlamentario Jorge Rimarachín como asesor II de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, a pesar de su pasado crítico con el partido nacionalista. También se menciona la designación de Jesica Araceli Pino Shibata, quien fue inhabilitada por cinco años por una falta "muy grave".

Estas renuncias y designaciones evidencian la falta de idoneidad y la gestión autoritaria de Gutiérrez Cóndor, quien actúa en función de servir a grupos de poder y no en defensa de los derechos de los ciudadanos. La Defensoría del Pueblo se encuentra en una etapa de cambio, donde se ha dejado de priorizar la experiencia y la trayectoria para dar paso a una gestión autoritaria y sin voces críticas. Esta crisis interna pone en duda la capacidad de la institución para cumplir con su rol de defensa de los derechos de los ciudadanos.