Contratación controversial en el TC despierta ola de descontento

La Fiscalía solicita 30 años de prisión para el recién contratado asesor del Tribunal Constitucional, Heriberto Benítez, acusándole en un caso de corrupción partnerizado con César Álvarez, expresidente regional de Áncash.

Por: AP Noticias Publicado: 2 min de lectura
Contratación controversial en el TC despierta ola de descontento

En medio de un clima de tensión y polémica, el Tribunal Constitucional (TC), se ha visto envuelto en controversia tras la contratación de Heriberto Benítez como asesor, quien se encuentra en medio de un juicio por su involucración en el caso “La Centralita”. Ante la Fiscalía, Benítez es señalado como parte activa de una presunta organización criminal junto a César Álvarez, expresidente regional de Áncash.

Según las acusaciones, Heriberto habría operado en coordinación con César Álvarez para desfalcar los recursos del gobierno regional entre los años 2007 y 2014. Benítez se enfrenta a una sentencia que abarca tres delitos: asociación ilícita para delinquir, con una pena de 12 años; encubrimiento real, con 8 años de pena y finalmente, violencia y resistencia a la autoridad con una pena de 10 años.

A pesar de las graves alegaciones de la fiscalía y una posible condena de 30 años, Benítez se defiende alegando que no existen pruebas solidas en su contra lo que al parecer ha tenido poco efecto en la percepción pública del caso.

Por otro lado, el presidente del TC pide mesura ante la situación, refiriéndose a la contratación de Benítez como algo pequeño, aumentando las críticas sobre la decisión de nombra a Benítez como asesor en medio de un escándalo legal en curso.

Con respecto al juicio, el Poder Judicial continuará con la etapa final de alegatos finales el próximo 30 de enero, fecha en la que finalmente se emitirá un pronunciamiento sobre el caso.

La situación ha llevado cuestionamientos al TC y sembrado dudas sobre la idoneidad de la elección de un asesor enfrentado a graves acusaciones de corrupción. Estos sucesos ponen de manifiesto la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en las contrataciones de los organismos gubernamentales.

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