Constructura asume reparación civil de S/ 480 millones por delitos de corrupción

La empresa constructora peruana Aenza (antes conocida como Graña y Montero) declaró que los términos del acuerdo de colaboración eficaz que firmó con la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato y el Ministerio Público, entran en vigor. Esta situación resulta de una resolución emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Dennis Fernández, vicepresidente corporativo de la compañía, confirmó que Aenza asume la responsabilidad de pagar unos S/ 480 millones al Estado como reparación civil, el monto correspondiente ya se encuentra provisionado en los estados financieros al cierre del ejercicio 2022.

Este acuerdo limita dos filiales de Aenza, Cumbra Perú y UNNA Transporte, las cuales no podrán contratar con el Estado en las áreas de construcción de infraestructura y conservación y mantenimiento vial durante dos años. Sin embargo, estas restricciones no afectarán la ejecución de los contratos existentes.

El vicepresidente destacó que, con la aprobación del acuerdo, Aenza logró superar los dos desafíos más importantes que tuvo en 2023. A nivel financiero, renovó un crédito puente y aumentó el capital. A nivel legal, se resolvió finalmente el proceso de colaboración eficaz.

El 21 de agosto, el Poder Judicial avaló el plan de colaboración eficaz en que Aenza admitió delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura, incluyendo la Vía Expresa Sur de Lima y el Gasoducto Sur Peruano. Aenza estará obligada a proporcionar detalles relevantes a la justicia sobre las obras reconocidas como ilícitas y pagará una reparación civil de aproximadamente S/ 480 millones por dichos proyectos.