Ampliación de la edad de retiro en Perú: De 70 a 75 años
La comisión permanente del Congreso de Perú aprueba en primera votación el incremento de la edad de cese laboral de 70 a 75 años. Afecta ambos sectores, público y privado, generando controversia entre especialistas en derecho laboral.
En un renovado esfuerzo por adaptarse a la creciente expectativa de vida en el país, el Congreso de Perú aprobó en primera votación el incremento de la edad máxima para la jubilación obligatoria. De ser ratificada, la propuesta legislativa podría aumentar la edad de cese laboral de los peruanos de 70 a 75 años.
En la actualidad, la edad legal de jubilación en Perú se establece en 65 años, permitiendo a los trabajadores continuar laborando hasta los 70. Sin embargo, la nueva ley permitiría a las personas trabajar hasta los 75 años, siempre que su buen estado de salud se confirme mediante una evaluación médica multidisciplinaria.
La propuesta ha generado opiniones encontradas entre los expertos en derecho laboral. Mientras que algunos ven favorable la opción de que los trabajadores permanezcan más tiempo en el mercado laboral, otros temen que esto pueda afectar las oportunidades laborales de los jóvenes y el recambio generacional.
Además, existen preocupaciones en torno a quién debe asumir el costo de las evaluaciones médicas necesarias para determinar la capacidad del trabajador para seguir en su puesto. La propuesta legislativa actual sugiere que este costo debe ser cubierto por el empleador. Sin embargo, hay quienes argumentan que, si el trabajador elige trabajar más allá de los 70 años, debería ser él quien asume el costo y presenta el certificado médico.
Por otra parte, la propuesta podría aumentar el costo laboral de las empresas y afectar su productividad, especialmente en trabajos manuales, pues el rendimiento disminuye con la edad, a pesar de un buen estado de salud general.
Ante la posible ampliación de la edad de retiro, algunas empresas podrían ofrecer incentivos económicos para impulsar las renuncias antes de los 70 años. Esto prolongaría el período en el que las empresas tendrían que incurrir en estos costos.
La decisión final sobre la propuesta se tomará en una segunda votación que tendrá lugar en siete días. Si la propuesta se ratifica, pasará al poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
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