Alcaldes proponen control de aforo en playas de Lima por alta afluencia de bañistas

En Lima, la llegada de verano trae consigo una masiva afluencia de bañistas a las playas de la ciudad. Ante esta situación, varios alcaldes han propuesto la implementación de un aforo máximo en los balnearios.

El escenario vivido el 1 de enero de 2024 en la playa Agua Dulce de Chorrillos, donde cerca de 50,000 personas se congregaron, ha llevado a las autoridades a considerar diferentes medidas de control. Al mismo tiempo, el alcance de la pandemia de COVID-19 añade otra preocupación y razón para el control de multitudes.

Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos, fue quien expresó su preocupación por la situación. De esta forma, indicó que se reuniría con las gerencias municipales de Fiscalización y Salud para determinar la aplicación de un aforo máximo de 30,000 personas en la famosa playa Agua Dulce.

La propuesta fue respaldada por la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas, quien reportó un incremento significativo en el número de visitantes en las playas del distrito. Según la autoridad, el aforo va entre los 2,000 y 2,500 bañistas, sin embargo, reportaron la llegada de 5,000 personas en la llegada del nuevo año.

Esta propuesta de limitar la entrada a las playas se encuentra también en el contexto del incremento de casos de COVID-19 y se alinea con medidas de prevención y control de la pandemia. Las autoridades también consideran poner un límite al aforo de vehículos en la zona costera.

La propuesta ha generado un debate sobre la viabilidad del control de aforo en las playas. En este sentido, especialistas en derecho señalan que las autoridades pueden implementar medidas que protejan la salud de las personas, siempre que estén justificadas y sean proporcionales al fin que se busca proteger.

Sin embargo, se apunta que limitar el libre tránsito podría resultar una restricción sin fundamento y podría contradecir el principio de que las playas son bienes de uso público y su ingreso y uso son libres. Las autoridades deberán garantizar que las medidas se orienten a garantizar el orden, la limpieza, la salubridad y la seguridad en los balnearios, respetando los marcos legales existentes.

Desde la Defensoría del Pueblo se evalúa la justificación de los municipios para aplicar una limitación de aforo en los balnearios. En caso de incumplimientos o abusos, los ciudadanos podrían interponer una demanda de inconstitucionalidad contra las ordenanzas que vulneren sus derechos.