Transformaciones en Ley de saneamiento genera polémica

Las recientes modificaciones del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, han generado revuelo en el ambiente político y económico de Perú. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) han protagonizado un polémico debate debido a la posible injerencia política que implicaría la fijación de tarifas de agua.

El MVCS defiende la necesidad de revisar el esquema tarifario y el financiamiento vinculado al sector de saneamiento, mientras que Sunass alerta sobre el riesgo político que podrían generar las nuevas tarifas. En este escenario, las modificaciones del Decreto Legislativo 1280 fueron finalmente publicadas el 21 de diciembre a través del Decreto 1620.

El Decreto 1620 plantea una reforma estructural integral del sistema de saneamiento, buscando mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios prestados a nivel nacional. Uno de los cambios más relevantes es la indicación de que los incrementos tarifarios no estarán sujetos al cumplimiento de condiciones.

Además, las modificaciones implican un reajuste automático de las tarifas, la aplicación obligatoria de las mismas y una posible reestructuración del subsidio. Esta última medida permitiría concentrar los recursos en las familias con menores ingresos que no tienen la capacidad de pagar las tarifas de agua.

Un punto importante es la introducción de un “subsidio inteligente”, permitiendo al MVCS otorgar subsidios focalizados exclusivamente a usuarios en situación de extrema pobreza. Además, promovería la integración de los proveedores de servicios de agua y saneamiento, con el objetivo de mejorar la eficiencia y sostenibilidad.

Las declaraciones del MVCS señalan que la nueva normativa representa un avance en la fijación de tarifas y en la estructura tarifaria, al incorporar elementos de equidad y sostenibilidad. Sin embargo, el debate continúa abierto a nivel político y económico sobre las implicaciones y posibles consecuencias de estas modificaciones en la Ley de Saneamiento.