Sunedu advierte injerencia política y reafirma que el licenciamiento garantiza la calidad universitaria.

Titular de la Sunedu señala que la supervisión técnica y el licenciamiento protegen a estudiantes al asegurar condiciones básicas de calidad en universidades públicas y privadas.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó sobre acciones que afectarían su autonomía institucional y reiteró que el proceso de licenciamiento es indispensable para garantizar una oferta educativa de calidad en beneficio de los estudiantes y de la ciudadanía.

Durante una entrevista y en su participación en la Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, el titular de la entidad, Dr. Vicente Paul Espinoza Santillán, indicó que una reciente resolución ministerial del Ministerio de Educación modificaría los términos de designación de miembros del Consejo Directivo, lo que —según precisó— implicaría una interpretación no contemplada en la Ley Universitaria. En la sesión congresal, sostuvo además que la Resolución Ministerial N.° 338-2026 pretende introducir “periodos complementarios” no previstos en la norma y que dicha interpretación afectaría la autonomía y estabilidad institucional de la Sunedu.

“El artículo 17 de la Ley Universitaria establece claramente que los miembros del consejo directivo de la Sunedu asumen función por un periodo de tres años”, sostuvo. En esa misma línea, durante su intervención ante la comisión del Congreso, remarcó que el artículo 17.2 de la Ley N.° 30220 establece de manera taxativa que todos los miembros del Consejo Directivo son elegidos por un periodo de tres años y advirtió que la referida resolución también buscaría afectar al conjunto de dicho órgano colegiado. Asimismo, señaló que la autonomía de la Sunedu se encuentra reconocida en la Ley N.° 31520 y desarrollada por el Tribunal Constitucional como garantía de independencia funcional frente a interferencias políticas.

Defensa de la autonomía institucional

En ese sentido, indicó que la medida podría afectar la autonomía de la institución encargada de evaluar y otorgar el licenciamiento institucional a universidades públicas y privadas, mecanismo técnico que permite verificar el cumplimiento de condiciones básicas de calidad. Esta labor tiene un impacto directo en la protección de los derechos de los estudiantes, al asegurar que accedan a servicios educativos adecuados y con estándares mínimos. En la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el superintendente subrayó que la defensa de la autonomía institucional no responde a un interés personal, sino a la necesidad de preservar una entidad técnica que garantice decisiones objetivas en favor del sistema universitario y de la ciudadanía.

Asimismo, el titular de la Sunedu advirtió que existirían alrededor de 60 universidades públicas creadas por ley que aún no cuentan con licenciamiento institucional, lo que impide que puedan realizar procesos de admisión de estudiantes. “Se pueden haber creado estas universidades por ley, pero si no pasan las condiciones básicas de calidad no van a poder admitir a ningún estudiante”, precisó.

En el marco de la Ley Universitaria (Ley N.° 30220), la Sunedu tiene la competencia de evaluar aspectos como infraestructura, capacidad docente, líneas de investigación y sostenibilidad institucional. Estas condiciones resultan fundamentales para asegurar que las universidades brinden una formación académica adecuada, contribuyendo al desarrollo profesional de los estudiantes y al fortalecimiento del sistema educativo nacional. En la sesión extraordinaria de la comisión congresal, Espinoza Santillán reiteró que los procedimientos de licenciamiento se desarrollan con criterios estrictamente técnicos y rechazó cualquier insinuación sobre supuestos procedimientos irregulares o decisiones adoptadas al margen de la normativa vigente.

Asimismo, se mencionó que, desde la creación de la Sunedu en 2014, un porcentaje significativo de universidades fue retirado del sistema universitario por no cumplir con las condiciones establecidas, lo que evidencia la relevancia del rol de supervisión en la mejora de la calidad educativa. En esa misma línea, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, el superintendente sostuvo que la fortaleza institucional de la Sunedu ha permitido avanzar en la calidad del sistema universitario, por lo que reafirmó una posición firme de defensa de sus fueros institucionales y de su autonomía.

Durante su intervención en el Congreso, el titular de la Sunedu informó también que, pese al contexto de cuestionamientos a la institucionalidad, la entidad garantizará la continuidad de servicios esenciales para la ciudadanía, como el registro de grados y títulos, el registro de autoridades y la tramitación técnica de los procedimientos de licenciamiento en curso, con el objetivo de no afectar a estudiantes, egresados ni universidades que cumplen con la normativa vigente.