Se prolonga la investigación contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto

La polémica en torno al presidente del Congreso de Perú, Alejandro Soto, miembro de Alianza para el Progreso, se ha intensificado. Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, ha decidido ampliar el plazo de la investigación preliminar contra Soto por 60 días más, despertando inquietud y críticas.

El caso en contra de Soto comenzó hace tres meses tras la revelación de una serie de chats que sugerían presuntos delitos de concusión. En estos, Phenelope Contreras Cabezas, una de las empleadas en su oficina, solicitaba a sus colaboradores aportes económicos para cubrir los costos de la publicidad en Facebook y otras redes sociales del congresista.

La Biblioteca de Anuncios de Meta destaca que Soto realizó pagos para que un total de 90 de sus publicaciones tuvieran mayor alcance en la red social. Según la plataforma, indica que la persona responsable de las transferencias fue, de hecho, Contreras Cabezas, quien, a pesar de estar implicada en la investigación, continúa trabajando en el congreso con un sueldo de S/.6.245.

El caso ha provocado reacciones en el sector político y civil. El ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado ha expresado su desconcierto con el plazo excesivo que ha tomado la investigación preliminar, al argüir que una pesquisa prolongada puede llevar al fracaso.

En el marco de la ampliación de la pesquisa, la Fiscalía ha dispuesto nuevas diligencias y ha reiterado la solicitud al Congreso para obtener información relevante para el avance de la investigación. Entre ellas, pedir al Parlamento la entrega de una relación de personal de confianza que trabajó con Soto, así como sus planillas de remuneraciones y hojas de vida certificadas.

Mientras la opinión pública espera resultados concretos y transparentes, la controversia en torno al presidente del Congreso permanece viva. La incógnita que queda por develar es si los pagos importantes para la publicidad en redes sociales fueron realmente voluntarios o si hubo algún tipo de presión por parte del político.