El Ministerio Público solicitó ayer miércoles al Poder Judicial investigar al presidente de la República, Pedro Castillo, como “líder de una organización criminal” enquistada en el Gobierno para obtener “beneficios ilegales” de los contratos que suscribió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
El fiscal supremo Samuel Rojas, representante de la Fiscalía de la Nación, explicó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria los motivos por los cuales el fiscal general, Pablo Sánchez Velarde, abrió una investigación preliminar contra Castillo, al responder a la demanda de tutela de derechos presentada por su abogado, Benji Espinoza, para que se anule este proceso.
“Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado, a los que juró defender al asumir el cargo, para cometer delitos de corrupción”, manifestó Rojas durante su exposición.
Samuel Rojas requirió a la sala que evalúe la necesidad de compatibilizar los artículos de la Constitución que señalan, por un lado, que el mandatario solo puede ser investigado por traición a la patria o impedir las elecciones, mientras esté en el cargo; en tanto que, por otro, pide al Estado combatir los actos de corrupción.
El fiscal Rojas informó, además, que existen audios que revelaron que el empresario Zamir Villaverde entregó 30.000 soles al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva para dárselos a Pedro Castillo, y, asimismo, que tienen indicios de que la colaboradora eficaz Karelim López entregó al jefe de Estado un total de 155.000 soles en el Palacio de Gobierno y en la famosa casa del pasaje Sarratea, en Breña.
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