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Congresistas de diversas bancadas reprocharon la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional (PNP) que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

En declaraciones a la prensa, el parlamentario Carlos Andersoncalificó de “error garrafal” la medida del Gobierno de Dina Boluarte, que dejó sin efecto la resolución ministerial previa que creaba este grupo especializado al alegar “duplicidad de funciones” con otras divisiones.

“Bien podría significar el comienzo de su caída, ya por peso propio de toda su ineficiencia y todas sus actitudes en contra de la búsqueda de la verdad”, explicó.

El legislador dijo que no pudo prever esta cuestionada decisión gubernamental “porque no pensaba” que el Ejecutivo “iba a llegar a tan nivel de atrevimiento”. “Está muy borrachita de poder y cree que puede hacer absolutamente todo, y está equivocada”, remarcó.

A ojos de Anderson, Dina Boluarte no quiere que su hermano Nicanor ni ella sean objetos de pesquisa por parte del Eficcop. “No quiere que la investiguen y utiliza a ministros y autoridades que están demasiado prestos a ser serviles a los intereses de la presidenta. Una vergüenza”, acotó.

"El país merece una explicación"

Una perspectiva similar es la que deslizó Ruth Luque, integrante de la Bancada Cambio Democrático-Juntos por el Perú, quien advirtió que la acción del Gobierno “busca afectar el trabajo que la Fiscalía desarrolla”. “No se puede gobernar desde el silencio, el país merece una explicación”, demandó a través de su cuenta en la red social X.

Sin embargo, Alejandro Muñante, de Renovación Popular, tuvo una lectura diferente y consideró que la Policía Nacional del Perú (PNP) es la que tiene que responder por lo ocurrido. “Tendrán las razones suficientes para desactivar [el equipo policial] y quizás elaborar otra”, expresó.

La desarticulación de la unidad de la Policía Nacional que está encargada de apoyar al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder se efectuó mediante una resolución del Ministerio del Interior, cuyo titular Walter Ortiz Acosta, apuntó Muñante, está actuando por órdenes de la mandataria. “Seguramente obedece a una política de Estado. La Comisión de Defensa podría actuar y pedir las explicaciones correspondientes”, añadió.

El pasado 30 de marzo, la División de investigación de delitos de alta complejidad (Diviac) y el Eficcop allanaron la casa de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito limeño de Surquillo, como parte de una investigación preliminar por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito (caso relojes Rolex).