Tras casi 16 horas de diligencia, el personal del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP),culminó esta mañana el operativo en Palacio de Gobierno para incautar las filmaciones y grabaciones de las cámaras de seguridad.
La diligencia en la sede de Gobierno, que ha estado a cargo del fiscal Jorge Amado, había iniciado ayer al promediar las 5 de la tarde.
El objetivo de los fiscales ha sido recabar todas las filmaciones, videos y grabaciones de las cámaras de seguridad a los accesos de la Residencia Presidencial de los días 8, 9 y 10 de agosto, cuando se realizó la diligencia para ubicar a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo que hoy cumple prisión preventiva en el Penal de Mujeres (Chorrillos).
"En cumplimiento de una disposición del Poder Judicial, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder realiza una diligencia en Palacio de Gobierno para incautar filmaciones, videos y grabaciones de las cámaras de seguridad", publicó la Fiscalía en sus redes sociales.
"No es una intervención antojadiza"
Los abogados de Harvey Colchado, Luis Naldos y Luciano López, criticaron la postura de Benji Espinoza, defensa del presidente Pedro Castillo, quien señaló que el allanamiento en Palacio de Gobierno realizado este viernes está basado en una resolución nula porque viola el debido proceso y la inviolabilidad del domicilio presidencial.
"La inmunidad es de la persona o del funcionario, no del espacio físico. Para que sea el caso, alguna norma o la constitución debería indicarlo y no lo dice", explicó Luciano López enel programa "Las Cosas Como Son" de RPP.
Por su parte, Luis Naldos remarcó que este nuevo allanamiento en Palacio de Gobierno no es una medida "antojadiza" por parte del Ministerio Público. En ese sentido, defendió que el proceso fue legítimo.
Mientras tanto, López recalcó que el Estado debe facilitar recursos a los fiscales para hacer sus investigaciones contra la corrupción, no poner trabas en sus funciones.
"Según la Convención de la ONU contra la Corrupción, que es tratado que forma parte de nuestro derecho nacional, tiene una disposición que dice que las autoridades especializadas en la lucha contra la corrupción, policiales o fiscales, el Estado está impedido de interferir con presiones indebidas y está en la obligación de facilitar los recursos, por eso en nuestra acción de amparo hemos puesto sobre la mesa", señaló el letrado López.