La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) anunció este miércoles la conclusión de la designación de Ronald Rejas como gerente de armas y artículos conexos.
Rejas Albújar estaba en el cargo desde enero del 2023, pero luego de un año y dos meses tendrá que dejarlo de manera inmediata.
La salida del funcionario se da en medio de los cuestionamientos a la Sucamec tras un presunto tráfico de armas luego del operativo del pasado miércoles 13 de marzo, en el que se intervino a personas que habían adquirido licencias para obtener decenas de armamentos legales ante la entidad.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, expresó su preocupación por esta situación e informó ayer que se han solicitado investigaciones para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios de Sucamec.
“Estamos analizando esa situación porque no podemos permitir que el mercado de armas y las eventuales autorizaciones del organismo regulador se estén burlando de las facultades de las autorizaciones, para luego traficar con ellas”, dijo el premier en ‘Las cosas como son’.
“Actuaremos con la mayor severidad [con los responsables] porque no solo no están de acuerdo con la política general del gobierno en materia de seguridad, sino porque están cometiendo graves crímenes contra la población”, agregó.
Megaoperativo policial
La Policía Nacional ejecutó un megaoperativo simultáneo en Lima, Piura, Tumbes y Cajamarca contra locales de distribuidoras de armas de fuego que estarían vinculadas con el tráfico ilegal del armamento en mercado negro local, así como en Ecuador y otros países de la región.
De acuerdo con la investigación, la banda criminal se dedicaba a importar armas de forma legal y después de registrarlas ante la Sucamec, para luego consignar el armamento – usado para el deporte y la caza – como perdido o robado en denuncias presentadas a la Policía. Finalmente, los lotes de armamentos “desaparecidos” se distribuían de forma ilegal a precios más elevados.
El coordinador de la Fiscalía del Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, informó que se detuvo a unas 17 de las 18 personas implicadas en una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilegal de armas.
Chávez Cotrina contó el caso de Aldemiro Sobrado Mesa, un conductor de combi que compró más de 50 armas de fuego a un precio de 2 500 dólares cada una.