La Comisión Permanente del Congreso de la República otorgó hoy un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue y emita su informe final respecto a la denuncia constitucional, ya declarada procedente por dicha subcomisión, contra la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.
Con 22 votos a favor y 7 contra, la sesión conducida por la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, decidió otorgar el plazo fijado por el Reglamento del Congreso para presentar el informe final sobre la denuncia constitucional, formulada por el congresista Javier Padilla, contra Dina Boluarte Zegarra, por presunta infracción constitucional de los artículos 38 y 126 de la Constitución.
Vale decir que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el 14 de junio pasado, aprobó por mayoría el informe de calificación para dar inicio al proceso de denuncia constitucional contra la vicepresidenta de la República. Con nueve votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, se aprobó dicho informe elaborado por el equipo técnico del citado grupo de trabajo.
La titular del Midis es acusada por los presuntos delitos de omisión, demora en los actos funcionales y negociación incompatible.
Otras denuncias
Por otro lado, la Comisión Permanente también otorgó 15 días de plazo a dicha subcomisión para que emita su informe final sobre la denuncia constitucional contra la exparlamentaria Luciana León por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo y organización criminal. Dicha denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, el último 15 de marzo.
Además, otros 15 días de plazo fueron concedidos a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para emitir su informe final respecto a la denuncia formulada por el excongresista Aron Espinoza contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia y el exministro de Economía, Waldo Mendoza Bellido, por presunta infracción constitucional de los artículos 109, 123 y 38 de la Constitución
A estos dos últimos funcionarios públicos se les acusa también de la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y resistencia o desobediencia a la autoridad.