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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ha sido declarada en emergencia "como consecuencia de las medidas presupuestales dispuestas", por el Ejecutivo; es decir, por un recorte en su presupuesto para el presente año fiscal.

La medida fue dispuesta a través de una resolución rectoral suscrita por la rectora de dicha casa de estudios, Jerí Ramón, y publicada hoy, sábado, en el diario oficial El Peruano. 

Impide el correcto funcionamiento de las actividades académicas

Según se indica en la referida resolución rectoral, el recorte de presupuesto por parte del Ejecutivo -oficializado en el Decreto de Urgencia Nº 006-2024 del pasado 23 de marzo- "no solo atenta contra la autonomía universitaria (...) sino porque además, y lo que constituye de mayor importancia, dichas medidas impedirían el correcto funcionamiento y desarrollo de las actividades académicas, de formación profesional, de investigación y de extensión cultural y proyección social comprometidas para llevarse a cabo el presente año" en la Decana de América.

Como se recuerda, el referido decreto del Ejecutivo "dispone diversas medidas para limitar gastos no críticos y uso eficiente de los recursos de las entidades y empresas del Estado, en materia de impedimento de incremento en más del monto devengado al cierre del año Fiscal 2023 en las entidades de Gobierno Nacional", lo cual incluye a las universidades públicas.

En ese sentido, el Gobierno ha dispuesto el recorte en materia de "gasto en telefonía celular y comunicación por radio-celular", "en materia de gastos de viajes al interior y exterior del país y comisiones de servicio", "en materia de adquisición de uniformes y vestuario", "en materia de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional", en "gasto por consumo de combustible", "en materia de seminarios, talleres y atenciones y celebraciones", y "en materia de consultorías y similares".

Para el Consejo Universitario sanmarquino, esto afecta "gravemente la calidad educativa que la universidad está obligada a brindar a sus alumnos de pregrado y posgrado, sin dejar de mencionar el daño que esto ocasionaría al prestigio de la universidad".

"Con las medidas dispuestas por el Decreto de Urgencia Nº 006-2024 las Universidades Públicas a diferencia de las Universidades Privadas, no van a poder desarrollar sus fines y funciones previstas en la normatividad legal vigente, al encontrarse en una situación de desventaja", puntualiza la resolución.

¿Qué ha dicho la rectora sobre este recorte presupuestal?

El pasado 16 de abril, en una entrevista con RPP, la rectora Jerí Ramón adelantó la decisión de declarar en emergencia a la Decana de América.

Según explicó en La Rotativa del Aire, el recorte presupuestal no permitiría que las universidades públicas puedan organizar actividades como seminarios, conferencias y talleres, necesarios para sus docentes y alumnos. También, se ha dispuesto limitar el gasto de combustible, complicando el traslado de estudiantes a nivel nacional.

“Esto va a hacer que los alumnos a nivel nacional no puedan viajar a hacer sus prácticas profesionales. Cuando nos limitan esos gastos, ¿cómo vamos a poder hacer que ellos cumplan con los objetivos del plan curricular que se ha diseñado para 2024?”, expresó.

Indicó que también se han visto obligados a paralizar programas de capacitación a docentes, pasantías en el extranjero, así como el programa ‘Sanmarquinos para el mundo’, dirigido a los estudiantes con mejores calificaciones, para compartir conocimiento con alumnos a nivel internacional.

Frente a este escenario, las autoridades sanmarquinas han mantenido reuniones para decidir las medidas a tomar. Sostuvo que ya se solicitó una reunión con el ministro de Economía, José Arista.

“Hay un punto que dice que el límite de gasto solamente puede ser incrementado por un decreto supremo refrendado por el ministro y el del sector correspondiente, previa evaluación de cumplimientos de reglas fiscales; pero las universidades no somos gobiernos regionales, locales, ministerios para que nos traten como si fuéramos una institución más, las universidades cumplen un fin social”, aseguró.

En ese sentido, no descartó la posibilidad de una movilización, como ocurrió en 2023; sin embargo, apuntó que primero buscarán agotar las movidas legales permitidas para revertir esta situación.