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Las circunstancias que han conducido a la salida del ministro del Interior revisten la mayor importancia política. Tanto, que Mariano González ha podido afirmar que constituyen el inicio del fin del mandato de Pedro Castillo. Y eso porque tienen que ver con la principal preocupación de los ciudadanos, que es también el reproche más generalizado contra el gobierno: la impunidad de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. A ese cargo, ya en sí mismo gravísimo, se añade la larga serie de casos de corrupción, que fue preparada desde antes de repartirse los puestos en el Estado, como puso en evidencia el memorable audio del Secretario presidencial Bruno Pacheco y el por entonces ministro Juan Silva, ambos prófugos. ¿Cómo han podido burlar durante tanto tiempo a la Policía? ¿Y cómo financian su vida en la clandestinidad y los eventuales pagos a los “servicios” que protegen su huida? El ministro González organizó un equipo de búsqueda y captura, integrando cuatro cuerpos policiales de élite: la Inteligencia de la Policía, la Inteligencia del ministerio del Interior, la Diviac y el servicio de búsquedas. La coordinación del coronel Harvey Colchado es considerada una garantía de profesionalismo y tenacidad. Todo hace pensar que tanta eficiencia contradijo los planes de Pedro Castillo que, podemos imaginar, no quería tener a los prófugos declarando ante la Fiscalía, con todavía más información de la que ya han aportado los colaboradores Karelim López y Zamir Villaverde. En ese punto el tema deja de ser policial y pasa a ser político. ¿No estamos ante un caso caracterizado de obstrucción a la justicia? ¿Puede seguir siendo presidente alguien que parece ser protector y cómplice de delincuentes? La palabra la tienen la Fiscalía que investiga con imparcialidad y el Congreso que debe dotarse de una nueva Mesa Directiva que inspire confianza y actúe con determinación.

Las cosas como son

 

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